La ciudadanía de Colombia elige este domingo, en un balotaje, a su próximo presidente. En los comicios Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se disputan la conducción de este país latinoamericano.

Estos candidatos son los que quedaron en pie tras la elección regular, que significó un duro golpe la clase política tradicional colombiana.  Entre las 8 y las 16 (10 y 18 hora de Argentina), poco más de 39 millones de ciudadanos están habilitados para elegir en primera vuelta al sucesor de Iván Duque en 102.152 mesas -en 20 mil de ellas aplicarán tecnología biométrica- ubicadas en 12.513 centros de votación en el país.

La participación en la primera vuelta electoral del pasado 29 de mayo estuvo apenas encima del 54%, es decir, cerca de 21 millones de personas asistieron a las urnas, y para mañana se prevé que no haya grandes modificaciones.

El candidato que obtenga más votos, asumirá en agosto como Presidente de Colombia para el período 2022-2026.

No está claro quién ganará, si Gustavo Francisco Petro Urrego, un economista y senador de 62 años dedicado al activismo y a ser político durante los últimos 30 años; o Rodolfo Hernández Suárez, un ingeniero civil millonario de 77 años que amasó su fortuna -ronda los 100 millones de dólares, según él mismo- en el sector de la construcción y que no cuenta con amplia experiencia en el terreno público y político.

Si bien la fórmula presidencial del Pacto Histórico, de Gustavo Petro y Francia Márquez, conformó una amplia coalición de izquierda que reúne partidos políticos, sindicatos, colectivos originarios y de defensa de las minorías sexuales, movimientos sociales y organizaciones campesinas, a solo 48 horas de la elección presentó el “Gran Acuerdo Nacional” con el que buscaron ampliar sus alianzas.

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Petro, ex guerrillero del M-19 y ex alcalde de Bogotá, dijo ser consciente de que este acuerdo representa “a media Colombia” y que aspira a que a partir del lunes poselectoral pueda convocar a un “acuerdo con toda la nación”.

El candidato de izquierda trazó los dilemas de la elección y en un video difundido por su campaña se preguntó: “¿Queremos seguir en la desigualdad de las mujeres o avanzar juntos y juntas hacia sus derechos; seguir destruyendo la educación o avanzar hacia la libertad que nos otorga el conocimiento; seguir que la corrupción nos gobierne o enfrentar y erradicar efectivamente a los corruptos; seguir en este estado de violencia e intranquilidad o avanzar hacia la paz?”.

Rodolfo Hernández y Marelene Castillo, los candidatos de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se ubican en la vereda de enfrente en términos ideológicos, aunque también se postulan como “el cambio”, e incluso recogen en su programa algunas propuestas de Petro -desde la paridad de mujeres en cargos públicos o el rechazo al fracking- a la vez que pregona que va a “reducir el tamaño del Estado”.

De repetirse el escenario del primer turno electoral, se estima que los resultados se conocerán en torno a las 19 horas de Colombia (21 de Argentina).

Quien resulte el próximo ocupante de la Casa de Nariño deberá atender la grave situación alimentaria que atraviesa Colombia, con índices desoladores en un país en el que alrededor de 60% de sus habitantes no cuenta con un trabajo registrado.

También quedará como prioritario en la agenda del próximo presidente el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016, desechados en general por el actual Gobierno, y que, de empezar a implementarse, podrían evitar los asesinatos de exguerrilleros (hubo unos 300) y líderes sociales (1.300) ocurridos desde la rúbrica del pacto.

Ambos candidatos explicitan en sus programas de gobierno sus deseos de cumplir el Acuerdo Final de Paz con las extintas FARC e incluso avanzar con diálogos con el ELN, aunque Hernández dijo no estar dispuesto a reabrir nuevos procesos de diálogos sino simplemente incorporarlos al acuerdo existente.

Además, la entrada en vigencia del acuerdo podría mejorar notablemente la situación del campesinado, ya que algunos de los puntos que quedan por aplicar son una reforma agraria y una política de sustitución de cultivos ilícitos, que beneficiaría la economía de las familias rurales.