Más de tres millones de irlandeses votarán mañana en un referéndum para reformar o no la ley del aborto, una de las más restrictivas de Europa, que sólo permite la interrupción del embarazo en casos excepcionales y que tiene penas de hasta 14 años de prisión.
Tres meses antes de la visita del papa Francisco, en el país de fuerte influencia católica decidirán sobre una prohibición que la ONU consideró «cruel, inhumana y humillante» por lo que instó al gobierno a reformar la ley.
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«Sabemos que cada año miles de mujeres irlandesas de todos los distritos del país viajan al extranjero para abortar y que muchas reciben por correo píldoras abortivas», dijo el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, quien impulsó la consulta popular.
El 30 de enero pasado, el gobierno anunció el plebiscito sobre el aborto para decidir si se deroga la actual enmienda, la llamada «octava», incluida en la Carta Magna que garantiza de igual manera el derecho a la vida del «no nacido» y la de la madre, aprobada en 1983.
Esta ley sólo permite abortar si está en peligro la vida de la madre como en el caso de suicidio, pero no contempla el incesto, la violación o malformaciones del feto, mucho menos la decisión de las mujeres. Prohíbe el aborto en casi todos los casos. En 2017 sólo se practicaron 25 abortos.
También criminaliza con penas de hasta 14 años de prisión para las mujeres y los profesionales que hagan abortos.
Las restricciones obligan a muchas a abortar en otros países y en un estado avanzado de gestación. Según el Ministerio de Salud del Reino Unido, por día nueve mujeres registradas van a ese país a abortar, más de 3.200 por año.
Tras una intensa campaña -a favor y en contra- que comenzó en enero, las últimas encuestas indican que la mayoría -un 44%- votará a favor de la reforma, aunque esta ventaja se redujo en el último mes y hay un 17% indeciso, publicó el diario Irish Times.
Durante la campaña hubo todo tipo de cruces, e incluso las masivas «fake news» hicieron que Facebook y Google, en un inusitado gesto, limitaran la aparición de anuncios o datos para evitar influencias, lo que provocó protestas de los grupos provida y de la Iglesia católica.
Varadkar, médico de 39 años y demócrata cristiano, admitió apenas anunció la consulta popular que la ley actual es «demasiado restrictiva e injusta».
Incluso, su viceprimer ministro, el conservador Simon Coveney, cambió su postura y le pidió a la población que vote por el Sí: «El aborto es una realidad en este país, pero se ven obligadas a tomar decisiones, en mi opinión, sin contar con el apoyo del sistema de salud y de los médicos», dijo.
Si la mayoría de la población da el visto bueno, la enmienda será sustituida por un texto que habilitará al Parlamento a legislar.
Según adelantó The Irish Times, no habrá criminalización y planean que el aborto se pueda hacer en las primeras 12 semanas de gestación con una pastilla y controlada por profesionales que tendrán la obligación legal de discutir las opciones con la paciente. En casos excepcionales, podrá ser hasta la semana 22.
Lizzie O’Shea, abogada de derechos humanos, sostuvo al diario británico The Guardian que la vigente ley «tiene consecuencias insidiosas y devastadoras» y observó que, desde 1980, más de 170.000 mujeres y niñas viajaron para abortar a Reino Unido y, en menor medida, a Holanda.
Según los datos de Abortion Rights Campaign, un aborto cuesta en Irlanda unos 1.000 euros y Amnistía Internacional agregó que las mujeres «son tratadas como máquinas reproductoras».
De la vereda opuesta, la vocera de la campaña LoveBoth («ama a ambos»), Katie Ascough, argumentó que los hijos de varias mujeres «están vivos» gracias a la «octava enmienda».
La historia de marchas y contramarchas con el aborto en Irlanda está basada en la sangre y en la salud de las mujeres.
En 1992, salió a la luz el caso X sobre una niña de 13 años que quedó embarazada tras ser violada por un conocido. Junto a sus padres fue a varios centros de salud para abortar, pero nadie la ayudó. La joven sufrió un colapso emocional y quiso suicidarse en varias oportunidades. Sus padres acudieron a la Corte Suprema y lograron que pueda abortar legalmente.
También la justicia le pidió que legislara para permitir el aborto cuando la vida de una madre estaba en riesgo, incluido el suicidio.
En 2012, el caso de Savita Halappanavar reavivó el debate. Embarazada de 17 semanas, Savita, de 31 años, llegó al hospital con complicaciones y comenzó a abortar espontáneamente. Los médicos se negaron a ayudarla y murió de septicemia.
«En parte y, como resultado de este trágico caso, creció la sensación de que esta ley había generado una crisis en la salud de las mujeres, pero había poco interés en dar los pasos necesarios para lograr la reforma», dijo O’Shea.
Ailbhe Smyth, la codirectora de Together for Yes, la campaña de la sociedad civil por la ley del aborto, dijo que «siempre hay un mayor impacto en la gente más vulnerable, como es el caso de las mujeres con pocos recursos».
Además, aseguró que «la ayuda del Estado para madres o padres solteros son muy escasos». Como consecuencia, actualmente «hay unos 3.000 niños que viven en situación de emergencia en Irlanda».
A tal punto este tema moviliza que irlandeses emigrados de todo el mundo regresaron para participar en la votación, con la ayuda económica de universidades, amigos, y familiares. Los que van, consideran que votar es decisivo.
