La Alta Comisionada de la organización global, Michelle Bachelet aludió a que «un movimiento de resistencia armada está creciendo» frente a la «represión masiva de los derechos fundamentales».

Myanmar se enfrenta a la alarmante perspectiva de una guerra civil a medida que se va ampliando un levantamiento contra la junta militar que gobierna el país desde febrero pasado, advirtió este jueves la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet.

«Frente a la represión masiva de los derechos fundamentales, un movimiento de resistencia armada está creciendo», dijo Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, informó la agencia de noticias AFP.

La ex mandataria chilena alertó que Duwa Lashi, que preside el interino Gobierno de Unidad Nacional formado por antiguos diputados clandestinos opuestos al golpe de Estado militar, hace poco «hizo un llamamiento a un levantamiento armado contra los militares en todo el país».

La jefa de Derechos Humanos de la ONU enumeró los múltiples enfrentamientos armados ocurridos entre opositores y los militares que tomaron el poder, y estimó que «estas tendencias inquietantes sugieren que es posible una guerra civil de más envergadura».

Luego reiteró su llamado a todos los actores armados para que respeten los derechos humanos y garanticen la protección de los civiles y de sus infraestructuras.

«Deben cesar inmediatamente los ataques aéreos y la artillería en zonas residenciales y cualquier otra forma de operación militar que vacíe centros de salud, lugares de culto, escuelas u otras estructuras protegidas», exigió.

Según Bachelet, «1.100 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad desde el golpe», mientras unos 8.000 individuos, incluidos niños, fueron arrestados desde el 1 de febrero, de los cuales 4.700 siguen detenidos.

«La mayoría de ellos están encarcelados sin ningún tipo de procedimiento legal y sin acceso a un abogado o incluso a la posibilidad de comunicarse con sus familias», denunció.

También afirmó tener información fidedigna sobre los malos tratos y la tortura durante los interrogatorios y sobre el hecho de que «120 personas murieron en las 24 horas siguientes a su detención».

El 1 de febrero pasado, pocas horas antes de constituirse el nuevo Parlamento de Myanmar, los militares dieron un golpe de Estado, decretaron el estado de emergencia por un año y detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la gobernante de facto, consejera de Estado y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.

Los altos mandos del ejército, que habían gobernado Myanmar (antigua Birmania) durante décadas, justificaron el golpe por las denuncias de fraude masivo en las elecciones generales de noviembre pasado, que dieron una clara victoria a la Liga Nacional para la Democracia.

La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en el país asiático, con miles de personas desafiando la represión y protagonizando protestas callejeras y acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del Gobierno civil y la liberación de los presos políticos.