MIéRCOLES, 28 DE OCT.

Naciones Unidas aprobó una resolución que reclama el fin del embargo norteamericano a Cuba, Argentina voto en contra

La Asamblea General aprobó la resolución con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, registrando el respaldo más bajo en dos décadas. Argentina y otros cuatro países de la región votaron en sintonía con Estados Unidos, en una jornada atravesada por duros cruces diplomáticos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas rechazó por trigésima cuarta vez consecutiva el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba desde 1960. La resolución, impulsada por la delegación cubana, reitera la exigencia internacional de poner fin a las sanciones unilaterales que hoy agravan la crisis energética y humanitaria de la isla.

Sin embargo, la votación celebrada este 28 de octubre dejó un resultado inédito: el texto salió adelante con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, lo que representó el nivel de apoyo más bajo registrado en los últimos 20 años. En la sesión previa de 2025, la propuesta había alcanzado 165 respaldos, 7 negativas y 12 abstenciones.

 

El debate reflejó una modificación en los alineamientos de la diplomacia regional. En esta oportunidad, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay votaron en contra de la resolución junto a Estados Unidos e Israel. Por su parte, Chile, República Dominicana, Honduras y Perú optaron por la abstención.

 

El comportamiento del mapa de votación marca una diferencia respecto al proceso histórico iniciado en 1992, cuando el primer debate registró 59 votos favorables, 3 en contra y 71 abstenciones. La tendencia de rechazo al embargo había alcanzado su pico entre 2015 y 2017 con 191 votos a favor, período en el cual Estados Unidos llegó a abstenerse por única vez en 2016 durante el acercamiento promovido por la administración de Barack Obama.

El documento aprobado exhorta a los Estados miembros a abstenerse de promulgar o aplicar leyes coercitivas que vulneren la Carta de la ONU, citando expresamente la Ley Helms-Burton de 1996 y sus efectos extraterritoriales sobre la soberanía y la libertad de comercio y navegación. Asimismo, el organismo expresó su inquietud ante el endurecimiento de las medidas desde 2017 y la falta de respuesta tras más de tres décadas de llamamientos internacionales.

Durante la sesión, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, exhibió en una pantalla el costo económico del embargo, estimando que solo durante el tiempo transcurrido desde el inicio del debate la cifra ascendió a 22,9 millones de dólares. Rodríguez Parrilla atribuyó a la medida el «estrangulamiento» de la población y denunció un severo impacto en el sistema sanitario, detallando la duplicación de la tasa de mortalidad infantil, la postergación de intervenciones quirúrgicas por falta de insumos, la escasez de fármacos contra el cáncer y la imposibilidad de exportar medicamentos cubanos contra el Alzheimer y la demencia senil. «Lo que Cuba reclama es que la dejen en paz. Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí», concluyó el ministro.

 

La postura de Estados Unidos: «No hay bloqueo»

En contraste, el representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, rechazó los fundamentos del proyecto y argumentó que la crisis económica y social de la isla deriva del propio gobierno cubano y no del embargo. «No hay bloqueo», sostuvo Waltz, señalando que las exportaciones estadounidenses a Cuba superaron los 876 millones de dólares en ocho meses de 2026, sumadas a los suministros procedentes de Canadá, España, México, China, Rusia y la Unión Europea.

El delegado norteamericano justificó la posición de su país afirmando que el voto en contra es «lo único que está entre el régimen cleptocrático comunista y otra victoria propagandística en desmedro del pueblo cubano», acusando a los sectores dirigentes de acaparar la riqueza del país.

Además de solicitar la derogación de las normas unilaterales, la resolución aprobada por la Asamblea encomendó al Secretario General de la ONU la elaboración de un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de la medida, el cual deberá ser presentado para su evaluación en el próximo ciclo de sesiones del organismo.

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