La titular de la oficina de la máxima autoridad de la ONU en derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció este martes matanzas de activistas prodemocráticos y otros opositores en Myanmar y acusó al Ejército de posibles crímenes de lesa humanidad y de guerra desde que dio un golpe de Estado, el año pasado.
«La magnitud aterradora de las violaciones del derecho internacional sufridas por el pueblo de Myanmar exigen una respuesta internacional firme, unida y decidida», dijo Bachelet, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), en un comunicado.
Más de un año después del golpe de Estado que derrocó a la líder Aung San Suu Kyi y barrió un paréntesis democrático de 10 años en el país del Sudeste Asiático, la ex Birmania sigue hundido en el caos.
Milicias opositoras a la junta tomaron las armas contra los generales, que asfixian violentamente cualquier oposición.
La resistencia de la población ha adoptado múltiples formas, incluidos actos de desobediencia civil, huelgas, una campaña de boicot militar, protestas callejeras y cacerolazos, entre otras.
Según cifras de la ONU actualizadas por última vez en abril de 2021, al menos 707 personas, incluyendo niños, murieron en Myanmar a manos de militares o de la policía desde el golpe, y al menos 3.070 fueron detenidas.
Organizaciones locales dan números mucho más elevados.
Una vocera de la oficina de Bachelet dijo, estudiando la represión lanzada por la Junta tras el golpe del 1 de febrero de 2021, el Acnudh había podido identificar posibles crímenes de lesa humanidad y de guerra.
«Hemos podido identificar sin lugar a dudas la existencia de un patrón de comportamiento (…) que muestra ataques sistemáticos, coordinados y planificados, y existen claros signos de que podría tratarse de crímenes de lesa humanidad y de guerra», dijo Ravina Shamdasani, en Giebra, Suiza.
En su comunicado, Bachelet, pidió a la comunidad internacional que tome inmediatamente medidas para controlar la espiral de violencia, informó la agencia de noticias AFP.
La expresidenta chilena acusó al Ejército birmano de cometer «violaciones y ataques sistemáticos y generalizados contra los derechos humanos» y de mostrar «un desprecio flagrante por la vida humana».
Shamdasani también subrayó que antes del golpe, el Acnudh ya había mencionado que las fuerzas armadas birmanas cometieron crímenes de lesa humanidad por el trato dado a los rohingyas, una minoría musulmana del país duramente reprimida.
