La Corte Suprema de Brasil dio vía libre al fiscal general para que investigue a más de 50 políticos, incluidos los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, Eduardo Cunha y Renan Calheiros, en el caso que investiga un presunto desvío millonario de fondos del gigante petrolero estatal Petrobras.
En la lista de investigados figuran también la ex jefa de gabinete de la presidenta Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann; su ex ministro de Energía, Edison Lobao; Antonio Palocci, ex ministro de Finanzas en la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva, y el ex presidente Fernando Collor de Mello.
La nómina fue divulgada anoche por el magistrado de la Corte Suprema -conocida acá como Supremo Tribunal Federal (STF)- Teori Zavascki, relator del caso que mantiene en vilo al gobierno de Rousseff.
En total son 54 políticos -22 diputados federales, de un total de 513, y 12 senadores sobre 81- que serán investigados a pedido del procurador general de la República, Rodrigo Janot, quien pretende determinar si tuvieron participación en los millonarios desvíos de fondos llevados a cabo en la principal empresa pública de Brasil.
Los denunciados pertenecen a seis partidos políticos, entre ellos el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y su principal aliado, el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al cual pertenecen Calheiros, Cunha; la ex gobernadora de Maranhao, Roseana Sarney -hija del ex presidente brasileño José Sarney- y Lobao.
Entre los políticos del PT que integran el listado están Hoffmann, Palocci -quien dejó el cargo por otro escándalo de corrupción-, los senadores Humberto Costa y Lindbergh Farias, los diputados José Mentor y Vander Loubet, y el ex diputado Cándido Vaccarezza (SP).
El partido con mayor número de miembros investigados es el derechista Partido Progresista (PP), otro importante aliado del gobierno, el cual tiene dos senadores, 18 diputados y 11 ex diputados que serán objeto de las indagatorias.
El pedido de investigación se basa en denuncias hechas por el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa -quien accedió al cargo a instancias del PP- y del cambista Alberto Yousseff, arrestados hace un año en el marco de una investigación de la policía federal sobre evasión de impuestos y lavado de dinero.
Costa y Yousseff firmaron acuerdos de delación premiada como forma de conseguir reducción en sus respectivas penas a cambio de suministrar detalles sobre la red de corrupción que desvió entre 2004 y 2012 unos 3.700 millones de dólares de la estatal.
El dinero, según las denuncias, fue usado para pagar sobornos a funcionarios y financiar partidos políticos. Los fraudes se realizaron en complicidad con los directores y altos ejecutivos de las principales constructoras del país, que actuaron como un cartel para ganar las licitaciones y firmar contratos sobrefacturados.
Rousseff, que antes de llegar al poder fue ministra de Minas y Energía y presidió el consejo directivo de Petrobras en la época en la que se produjeron estos casos de corrupción, ha reiterado que la justicia llegará a los culpables y que «pagarán por eso».
Además de enfrentar las denuncias que salpican a la empresa, a solo dos meses del inicio de su segundo mandato, Rousseff también está luchando con dificultades dentro de la coalición gobernante y en la situación económica del país.
El líder de la oposición socialdemócrata, Aecio Neves, derrotado por Rousseff en las presidenciales del pasado octubre, amenazó con pedir un juicio político contra la presidenta si la investigación pone de manifiesto su directa responsabilidad.
En tanto, para el domingo 15 de este mes fue convocada en las principales ciudades de Brasil una marcha nacional para pedir el juicio político de la presidenta. Lula criticó duramente la iniciativa y anunció otra manifestación para el viernes 13, que contará con el apoyo de movimientos sociales.
