Luiz Inacio Lula Da Silva fue denunciado por ocultación de patrimonio, una modalidad de lavado de dinero, y falsedad ideológica (mentir en documentos oficiales) por la Fiscalía de Sao Paulo. Los fiscales piden prisión preventiva por considerar que el ex mandatario podría movilizar grupos que podría interferir en la investigación.
La denuncia contra el ex presidente brasileño se produce en el marco de las sospechas por corrupción en el caso del fraude a Petrobras, durante ell gobierno de Da Silva. El Ministerio Público sospecha que el ex presidente es dueño de un elegante apartamento en el cercano balneario de Guarujá, algo que el ex mandatario niega tajantemente. Junto a él, también fue denunciada por lavado de dinero su esposa, Marisa Leticia, y su hijo mayor, además de otras 13 personas.
En paralelo, el mismo inmueble también es objeto de investigación en la operación que desentraña la red de corrupción entre políticos, empresarios y ex directivos de la petrolera estatal Petrobras. El apartamento oficialmente es propiedad de la constructora Oas, por lo que las autoridades sospechan que la empresa utilizó estos emprendimientos como pago de favores a cambio de contratos con la estatal.
«Quieren involucrarme a cualquier precio» en la operación Lava Jato, expresó Lula tras reunirse con senadores en la casa del presidente del Senado.
La denuncia de la Fiscalía ocurre también a días de una manifestación convocada para este domingo por diversos grupos y partidos opositores al gobierno y que, según autoridades locales, puede reunir hasta un millón de personas sólo en Sao Paulo.
El propio Lula y sus partidarios alegan que todos estos procesos constituyen un complot de la «élite» y la prensa para evitar su probable candidatura a la elección presidencial de 2018, a la que quiere llegar como el líder que sacó de la pobreza a 40 millones de brasileños la década pasada. «El Ministerio Público no trabaja con calendario político, sino judicial. Está pautado en plazos legales o judiciales, sin importar si éste u otro procedimiento tienen alguna repercusión política y social», aclaró el fiscal José Carlos Blat.
