El Gobierno talibán en Afganistán reclamó este viernes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que detenga «su fallida política de presión», un día después de que ese órgano, el más poderoso del sistema de la ONU, pidiera revocar una medida que prohíbe a las mujeres trabajar en agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales.
«El Consejo de Seguridad de la ONU no debería continuar la fallida política de presión. Toda posición adoptada que no esté fundamentada en una profunda comprensión no dará los resultados deseados y será siempre inefectiva», dijo Anas Haqqani, un alto cargo de los radicales, citado por la agencia de noticias Europa Press.
En una serie de mensajes publicados en su cuenta oficial en la red social Twitter, Haqqani agregó que «hubiera sido mejor que el Consejo de Seguridad de la ONU hubiera sopesado la retirada de sanciones diplomáticas y financieras» que pesan contra el país.
Haqqani, antiguo miembro del equipo negociador talibán y hermano del actual ministro del Interior y líder de la Red Haqqani, Sirajudín Haqqani, dijo que estas sanciones suponen «un castigo colectivo a los afganos».
«La postura de brazos abiertos del Emirato Islámico es una solución a los problemas, algo que no son estas medidas», apuntó horas después de que se aprobara de forma unánime una resolución que reclama una «participación plena, igualitaria, significativa y segura de las mujeres y las niñas en Afganistán».
El Consejo también exigió a los talibanes «que reviertan rápidamente sus políticas y prácticas que restringen el disfrute de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas, incluidos los relacionados con su acceso a la educación, el empleo, la libertad de circulación y la participación en la vida pública».
La resolución también exige a las autoridades instauradas en el país tras hacerse con el poder en agosto de 2021, tras la retirada de las tropas estadounidenses y la huida del entonces presidente, Ashraf Ghani, que garantice el trabajo de las mujeres en agencias de la ONU y ONG, lo que permitirá atender a las miles de personas que necesitan asistencia, tanto alimentaria como médica o educativa.
Después de que los talibanes recuperaran el poder en 2021 volvieron a la interpretación rigurosa del islam, ya aplicada durante su primer gobierno (1996-2001) y multiplicaron las medidas liberticidas contra las mujeres.,
Naciones Unidas informó el 4 de abril que prohibieron a sus empleadas afganas trabajar con la organización en todo el país y después la Unama (misión de la ONU en Afganistán) comenzó a revisar el funcionamiento de las operaciones en el país.
Las autoridades afganas hicieron hasta ahora oídos sordos a las críticas por sus restricciones de las libertades civiles, incluido el cierre de centros educativos y la exclusión de las alumnas, en medio de una batería de medidas discriminatorias contra las mujeres que las alejan de sus puestos de trabajo y rigen aspectos de su vida diaria.
Washington congeló 7.000 millones de dólares de activos del Banco Central afgano, depositados en Estados Unidos.
Para el lunes y martes próximo, la organización convocó a una reunión en Doha con representantes de varios países en busca de «redinamizar el compromiso internacional alrededor de objetivos comunes hacia un camino duradero en lo que tiene que ver con la situación en Afganistán».
