Madrid – Enviado especial – Cuenta un filósofo francés que el origen de la propiedad privada se dio en un estado de naturaleza total previo a la constitución del Estado y sus leyes, en el que el hombre se encontraba libre de toda organización superior. Allí, una persona cercó una porción de tierra, la alambró, dijo “esto es mío” y convenció a otros para que le creyeran, dando origen así a la propiedad y al Estado, que sería su aliado más importante en caso tuviera que defenderse de otros hombres sin propiedad.
Durante siglos, uno de los desvelos más apasionantes de la filosofía occidental estuvo envuelto en un debate que dividió a los aristotélicos de los platónicos, a los lockeanos de los roussonianos y a los liberales de los marxistas. La pregunta por la propiedad privada, su origen y sus limitaciones. La querella se desarrolló con tanta convicción y cólera que llegó a dividir al mundo entero entre economías de mercado y socialismo planificado, sólo por tener como ejes distintas conclusiones políticas sobre la función que la propiedad privada ocupaba para la sociedad y el individuo.
Con la caída del muro de Berlín y la marginación de otras formas de derecho de propiedad distintas de la concepción liberal, la filosofía política interrumpió su crítica abierta a la propiedad privada y el derecho internacional cerró filas en defensa de la propiedad como atributo del hombre.
La defensa estoica de la propiedad por parte de los Estados occidentales (durante años, los encargados de ejecutar el derecho internacional), conllevó a múltiples abusos, llegando incluso a justificar las intervenciones militares en defensa de la propiedad de sus ciudadanos en otros países (donde América Latina no fue una excepción). Con el avance de los buenos modales, la diplomacia tomó las armas por otros medios, y fue la encargada de hacer frente a las defensas de la propiedad de sus ciudadanos mediante la negociación, el lobby o el boicot económico.
Hoy, una heterogénea oposición en la Cámara de Eurodiputados de la Unión Europea (UE) rechazó un proyecto de ley de alcance continental en defensa de la propiedad intelectual digital que buscaba vallar internet y restringir sus tráficos, lo que afectaba a la libertad de expresión, el derecho a la cultura y el principio democrático de acceso a la información. Un instrumento que además, hubiese conllevado imposiciones de parte de la UE para otras regiones que violasen sus derechos intangibles, limitando la oferta de internet a usuarios de América Latina o coartando el desarrollo de pequeñas startup en Asia.
Después de dos años de discusión, la ley logró un freno en una votación dividida, lo que hace presagiar que haya nuevamente intentonas por parte de los euroconservadores para regular la libertad de la red. En concreto, la votación concluyó con 318 votos en contra del escrito, 278 a favor y 31 abstenciones.
El borrador de la ley contaba con los apoyos de los conservadores o también llamados “populares” en la cámara, como también algunos partidos de centro. Además, recibía el apoyo de cámaras empresariales de la industria discográfica, productoras de video, editoriales de influyentes diarios y asociaciones en defensa de la propiedad digital. En oposición al proyecto, se encontraban diputados ecologistas, liberales y de izquierdas. Recibiendo los apoyos de ONG’s por la libertad de la red, la famosa enciclopedia gratuita Wikipedia, los creadores del navegador libre Mozilla o plataformas como YouTube.
¿Qué pretendía el proyecto?
El proyecto en el Europarlamento buscaba limitar los usos de los links de diarios en los buscadores como google noticias, queriendo cobrar al gigante informático por “derechos de enlace” y patentando titulares de artículos.
Además, buscaban agilizar de manera automática la eliminación de contenido que pudiese afectar los derechos de propiedad intelectual sin que mediara la justicia, de manera tal que un programa informático (que no existe), definiera algorítmicamente si el contenido subido entraba en tensión con los titulares patentados. Esto llevaría al absurdo de que un periodista no pudiera titular en su artículo “Macri se reunió con Rajoy en España”, ya que podría ser previamente censurado sin resolución judicial, por afectar un uso del lenguaje tan simple como mencionar un hecho de la realidad. Incluso un usuario que replicase en sus redes sociales un hipervínculo de un diario, podría sufrir consecuencias por la difusión de un contenido informático sin autorización, lo que afectaría de lleno la libertad de expresión de las asociaciones y personas.
En una misma línea, los diarios locales podrían ser fuertemente afectados en su derecho de informar, ya que deberían contar con costosos software de emparejamientos algorítmicos para evitar que sus contenidos sean baneados en internet, obligándolos a invertir en softwares que no existen, entorpeciendo su acceso a los mercados de información, lo cual favorecería a las grandes industrias digitales, monopolizando la palabra. La ganancia de unos pocos diarios sería proporcional al daño de la democracia de la palabra.
Otro dolor de cabeza lo tendrían los usuarios de la red, toda vez que decidieran publicar algo a través de sitios intermediarios como YouTube, Facebook, Instagram o Twitter. Ya que la sátira tan popular de los “memes” o simplemente un video casero grabado en un concierto, podría infringir los derechos de propiedad intelectual digital, conllevando a la eliminación del material subido y una multa.
Los defensores de la propiedad intelectual se autoreferencian, muy a menudo, como víctimas de delitos de propiedad, pero raramente toman dimensión de que sus acciones también pueden constreñir derechos de otros. Esto ocurre -por ejemplo- cuando se viola la libertad de expresión de un “bloguero” por la simple sospecha de la propiedad artística de su contenido, o cuando mediante solicitudes digitales se intima a las páginas intermediarias como YouTube o Taringa para bajar los contendidos. De allí, que la decisión para censurar contenidos digitales, deba pasar por un juez, algo a lo que se oponen las asociaciones en defensa de los derechos de propiedad intelectual por dos motivos. Primero, porque los contenidos difundidos ya estarían cercenando los derechos de propiedad; y segundo, por la lentitud del proceso.
Con este freno, la Unión Europea se encuentra recalculando, y en los próximos años asistiremos nuevamente a enérgicos debates para controlar la libertad de internet, al que algunos ven como caótica. Pero por ahora, todos sigue como ayer.
*Licenciado en Relaciones Internacionales y Director del Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos www.CEIEP.org.
Foto: Darío Pignatelli®
