Un funcionario uruguayo denunció que empresas privadas construyeron terraplenes para obstruir y desviar artificialmente agua del río Santa Lucía, y advirtió que esta situación podría afectar el normal suministro de agua potable en el sur del país.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio de Ambiente por el intendente de la localidad de Canelones, Yamandú Orsi. Junto a la presentación judicial, el funcionario también compartió imágenes capturadas el pasado 31 de enero, las cuales dan cuenta de cambios en el lecho del río.

En las fotografías –que fueron replicadas en las redes sociales de Orsi– puede verse cómo el cause del río Santa Lucía se desvió en tres tramos. En la zona afectada puede observarse terraplenes de dos metros de alto, los cuales fueron construidos con retroexcavadoras. Con estas obras ilegales, la tierra le fue ganando espacio al agua. 

“En plena sequía se perdió el control del río Santa Lucía. Desviaron su curso en tres tramos. Dos millones de personas dependen del afluente para tener agua potable”, indicó Orsi mediante un video publicado en su cuenta de Twitter.

En el material, se indicó que un terraplén “cortó el río Santa Lucía” y lo transformó en un camino por el que circulan camiones. Es decir, máquinas excavadoras colocaron arena sobre el cauce, y así el terreno le ganó espacio al agua.

“El trayecto que debería ser el curso del río, ahora está totalmente tapado. Terraplenes de dos metros de altura creados artificialmente, obstruyen el curso natural del río desviándolo por un canal, hacia un curso donde antes no corría”, apuntó el material.

El intendente advirtió que desde octubre de 2022 se vienen detectando estas maniobras, e indicó que presentaron las denuncias ante la Junta Departamental. Además, solicitaron que se apliquen multas millonarias a las empresas que desvían el cauce del río y ponen el riesgo el suministro de agua potable a más de dos millones de personas, lo que equivale a casi dos tercios de la población de Uruguay.

Orsi destacó que “está claro que son privados” quienes desvían el cauce de agua, y apuntó a una “falta de controles”. A

“Hay empresas areneras que capaz que hacen sus descargos después y dicen que no fueron. La multa sería de 2.000 unidades reajustables (unos 77.000 dólares), pero para el riesgo que estamos corriendo no tiene proporción la multa”, aseguró el funcionario, citado por el medio uruguayo Subrayado.

“Constatamos una agresión que está sufriendo el río. Nunca habíamos visto, en plena sequía como la que tenemos, que esto esté pasando. Es inadmisible y escandaloso. Queremos que a nivel ambiental se tomen medidas urgentes. Se está cambiando el curso del río, se está represando el río en lugares donde hay muy poca agua, a pocos kilómetros de la toma de agua de San Ramón”, manifestó Orsi días atrás, en una conferencia de prensa.