Desde este jueves hay quince nuevas “personas no gratas” en Rosario, todas ellas condenadas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico militar, y que cumplen condena bajo el beneficio de “prisión domiciliaria” en la ciudad.

La declaración se formalizó en la última sesión del Concejo municipal luego de un pedido directo de la Asamblea permanente por los Derechos Humanos (Apdh) al cuerpo legislativo local.

Quien impulsó el proyecto en el Palacio Vasallo fue la concejala Marina Magnani (Unidad Ciudadana), que se encargó de aclarar que “de ninguna manera lo que se pide es una restricción de las garantías constitucionales”.

En virtud de ello, el texto aprobado resalta que, de igual modo, “el otorgamiento de prisiones domiciliarias a condenados por delitos de lesa humanidad puede implicar un retroceso en las políticas de Estado sobre Memoria, Verdad y Justicia”.

La preocupación de la Apdh es que ese escenario “se puede agravar aún más cuando los controles sobre el cumplimiento son inexistentes o sumamente laxos. En tales contextos, el beneficio resulta en impunidad. Y la impunidad es incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado”, en relación a los tratados foráneos suscriptos por el Estado nacional, elevados a la categoría constitucional.

También se aduce que, por otro lado, es “el Estado el que tiene la obligación internacional de impedir que la imposición de la restricción de la libertad conlleve un trato cruel, inhumano o degradante que afecte otros derechos fundamentales de las personas, lo que fundamenta el derecho a la prisión domiciliaria en determinadas situaciones”.

La declaración alcanza a: Manuel Cunha Ferré; Ariel Antonio López; Alberto Enrique Pelliza; Eduargo Dugour; José Carlos Scortechini; Ovidio Marcelo Olazagoitía; Ismael Ramón Verón; Alcides París Francisca; Héctor Melitón Martínez. ; Carlos Sfulcini; Eduardo Rodolfo Constanzo.; Luis Paulino Coronel; Daniel González; Héctor Oscar Gianola; Dardo Migno, por haber participado y ejecutado crímenes de lesa humanidad en hechos que se encuentran juzgados y condenados con sentencia firme, “gozando de privilegios procesales cuyo resultado es garantizarles la impunidad”.

En el expediente completo aprobado por unanimidad en el Palacio Vasallo, figura una pequeña lista de antecedentes de cada represor, con la dirección en la cual ejerce cada uno la prisión domiciliaria.

Hacia uno de esos domicilios (San Lorenzo al 1800) se diririgán militantes de distintas agrupaciones de Derechos Humanos, agrupaciones de cultura de la ciudad y movimientos políticos para realizar una intervención cultural, el próximo sábado 13 de octubre a las 18.

“Si no hay justicia, hay escrache” sintetizó, visiblemente emocionada, la edila Magnani (quien supo militar en la agrupación Hijos), al finalizar el discurso con el que defendió la declaración.