A finales de marzo, Lucas Erbes, director nacional de Derechos Humanos, informó que diez de los trece trabajadores del área estaban despedidos y que el Gobierno iba a derogar las resoluciones que habían creado.
Lo hizo al confirmar las condenas impuestas a 19 represores por crímenes cometidos en perjuicio de 105 víctimas en los centros clandestinos de detención (CCD) "La Escuelita", el Batallón de Comunicaciones 181, Unidad Penitenciaria N° 4, Delegación de Viedma de la Policía Federal, Unidad Penitenciaria N° 9 y "la Escuelita" de Neuquén.
Comenzó un juicio tan esperado como necesario, si bien no existe nadie con vida para ser condenado, la verdad histórica busca imponerse después de casi un siglo. “El fin último sigue siendo el mismo que venimos reclamando, la definitiva reparación histórica para los pueblos indígenas”, le dijo a Conclusión Sergio López, presidente de la Fundación Napalpí.
La iniciativa también busca sanciones para quienes nieguen la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y la existencia de epidemias o pandemias que pongan en riesgo la salud pública.
Batallando contra la desmemoria y resistiendo al olvido, el pueblo Pilagá vuelve a gritar su genocidio. “La idea es seguir fortaleciendo la memoria de nuestros ancianos, aquellos que fueron nuestra voz”, le dijo a Conclusión Cipriana Palomo, integrante del consejo de mujeres de la Federación de Comunidades Indígenas del pueblo Pilagá.
Se espera que revoque su fallo inicial, a la luz de la ley del Congreso que canceló ese beneficio para los condenados por crímenes de lesa humanidad.
A partir de una petición de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se aprobó este jueves una declaración en el Concejo municipal contra condenados por delitos de lesa humanidad que viven en la ciudad. El sábado harán una intervención frente al domicilio de uno de ellos.
La ex presidenta cuestionó con duras declaraciones el fallo de la Corte Suprema que habilita la aplicación del beneficio a represores condenados. Además apuntó contra los nuevos jueces, quienes se mostraron a favor, y contra el Gobierno de Mauricio Macri.
Así lo manifestó unos de los testigos de la causa y subsecretario de derechos humanos de la provincia de Santa Fe, Ramón Verón. “Seguimos junto a compañeros buscando verdad, instalando memoria y exigiendo justicia”, remarcó el funcionario provincial.
El fiscal de la causa, Martín Suárez Faisal, pidió que se condene a 15 años de prisión al ex juez de menores Luis María Vera Candioti por la retención y ocultamiento de una niña apropiada.
Se trata de la información brindada sobre los restos hallados recientemente en los hornos del predio cercano al centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba.