En una dura exposición parlamentaria, referentes de derechos humanos criticaron la alarmante arbitrariedad y lentitud de la Justicia Federal. Advirtieron que, de los 1.237 condenados en el país, apenas 82 están en cárceles comunes.
Los restos fueron hallados en la zona de La Calera, en Córdoba, donde funcionó uno de los mayores centros de detención y exterminio del terrorismo de Estado. El trabajo fue realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense junto a la Justicia federal.
La causa judicial se originó a partir de denuncias por desapariciones forzadas, torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Venezuela, hechos que —según sostienen los denunciantes— fueron ordenados y ejecutados de manera sistemática por el gobierno del país caribeño.
Desde 2006 se dictaron 357 sentencias en todo el país. Según el informe anual 2025 del Ministerio Público Fiscal, 1.208 personas fueron condenadas y 247 resultaron absueltas.
Los abogados querellantes de la APDH realizaron el alegato final contra dos ex directivos de Acindar y una veintena de policías, acusados de delitos de lesa humanidad en Villa Constitución. Historia de una lucha obrera.
