Antonio Salinas, jefe de la Oficina de Defensa del Consumidor que funciona en el Concejo Municipal realizó una grave denuncia. Esta mañana, mediante una conferencia de prensa indicó que es hostigado y amenazado por Administradoras de Consorcios por defender a inquilinos y consorcistas.

A raíz de la gran cantidad de reclamos recibidos sobre cobros indebidos en las expensas o desmanejos, Salinas comenzó una campaña para que los consorcistas conozcan sus derechos y que las administradoras cumplan las normas que regulan la actividad en el ámbito local, para que no se cometan abusos en esta área.

“Concretamente son cartas documento. A las mimas las entendemos como intimidatorias y serían enviadas para que cesemos con la difusión de  los derechos, en este caso de los y las consorcistas e inquilinas. Puntualmente fueron tres en los últimos 15 días” sentenció Antonio Salinas en una conferencia brindada en el Concejo Municipal.

Desde hace un mes, la Oficina comenzó a difundir por los medios de comunicación de la ciudad, sobre la alarmante crecimiento de casos y denuncias que reciben. “Hicimos público básicamente eso, y evidentemente eso motivó a estas personas, refiriéndome a algunas administradores de consorcio que decidieron ir por esta vía tratando de judicializar básicamente nuestro trabajo”.

Salinas indicó que son 200 denuncias y que las irregularidades se basan en falta de transparencia, mala gestión, obras muy onerosas realizadas de manera inconsulta, entre otros desmanejos.  “Concretamente, recibimos hostigamiento de una administradora que es la que más denuncias recibió en los últimos 15 días. Nosotros hicimos público ese ranking, algo que también hacemos con otros rubros. En este sentido, cada seis meses hacemos informes en la oficina de Defensa del Consumidor, donde rankeamos las demandas y también, cuáles son las empresas más demandadas”, sentenció

Para finalizar agregó que visibilizar las denuncias es “básicamente una de las atribuciones que nos da y nos faculta la Ordenanza 5.442; que tiene que ver con aportar a un régimen de relaciones de consumo y de contratación lo más justas posibles. Cuanta más información hay, más justas y más igualitarias es esa relación” concluyó.