Por Santiago Fraga
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, confirmó oficialmente ayer que las tarifas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) reflejarán un aumento de alrededor del 50%, argumentando que esto se debe a las medidas económicas del Gobierno nacional que obligan a trasladar los costos directamente a las boletas.
No obstante, desde las organizaciones que defienden el derecho de los consumidores el panorama se entiende de una forma distinta. Conclusión dialogó con Juan Marcos Aviano, presidente del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), quien sostuvo que la provincia tenía otras alternativas para no trasladar el aumento en su totalidad a las tarifas, y aseguró que en la mayoría de los casos la suba no es realmente del número que se difunde, sino que orilla hasta el 100%.
Esto se explica debido a que se tiene en cuenta que en tan sólo dos períodos de diferencia se suman un aumento del 27% en el esquema tarifario de diciembre y uno del 50% en este nuevo esquema de febrero.
«Si se suma un 27% más un 50% uno dice que es 77%, pero en realidad es más. Si uno ve el monto inicial que pagaba hasta diciembre y el monto que va a pagar ahora, en algunos usuarios de un consumo medio o medio alto el aumento le está orillando el 100% de incremento«, aseguró Aviano, quien a su vez agregó que este nuevo aumento «ya se sabía» que iba a ser del 50%, «aunque así no lo informaran desde el inicio los responsables de la empresa, ni el gobernador, ni el ministro del área».
Semejantes cambios de cifras en tan poco tiempo representan una gran dificultad para muchos usuarios, en especial a los que ya les costaba para llegar con el dinero a fin de mes y ahora deben afrontar estos nuevos gastos, con el aliciente de que la mayoría de los arreglos de paritarias se comenzarán a ver reflejados en los sueldos de las personas a partir de meses como abril, mayo o junio. De esto es que se desprende una nueva problemática que marca el titular del Cesyac y es que «no es que la gente no quiere pagar el aumento, sino que no puede«.
«Nosotros en Defensa al Consumidor decimos que cuando en un mismo momento, en un plazo corto de tiempo, sobre un mismo tema, vienen 5, 6 o 7 personas a plantearnos lo mismo, significa que eso se está multiplicando por miles«, explicó el director ejecutivo de la organización, asegurando que esto se da porque «la gente no reclama, no busca alternativas» y entonces «indignada, o resignada, termina pagando el aumento o no pudiendo pagar y empezando a endeudarse con la EPE, sabiendo lo que eso significa».
«Nos está ocurriendo que claramente no es que la gente no quiera pagar, aunque no esté de acuerdo con el aumento, sino que no puede, porque ya no le da más el bolsillo«, disparó.
En respuesta de esto, desde las oficinas de Defensa al Consumidor propusieron dos soluciones a las autoridades provinciales. Por un lado, se ha solicitado que se amplíe el esquema de tarifa social, viendo que «a miles de usuarios se les va a complicar el pago de las boletas que venga no sólo en este período, por el alto consumo, sino también en los periodos de no verano, porque hay que tener en cuenta que hay personas y familias que se calefaccionan con electricidad porque no tienen servicio de gas natural», con lo cual el problema de los altos montos no será solamente un problema de esta época.
Por el otro, en vista de llamados que han recibido pudieron comprobar que hay gente que ha llegado a consultar acerca de cómo proceder ante este aumento, y quieren afrontar sus tarifas con un plan de pagos. «Cuando un usuario ya quiere pagar la luz en cuotas… estamos mal«, criticó Juan Marcos Aviano.
«El bolsillo no da para más y se sigue presionando sobre los consumidores, sobre los usuarios, con aumentos por todos lados», agregó, asegurando también que la idea desde la provincia siempre fue «trasladar el aumento en el precio del costo mayorista de la energía por la quita de subsidios de la Nación directamente al usuario», sin «poner un solo peso», y que es por esto que se ve el aumento tan abultado.
Finalmente, el presidente del organismo hizo hincapié en que se les genere un esquema de tarifa social más amplio para aquellos que tienen dificultades o que se realice una excepción al retiro de subsidios que se ha hecho a nivel nacional en el Gobierno anterior y se ha mantenido en la nueva gestión, en la cual se disponen de trece puntos que el usuario, en caso de cumplir con uno de ellos, ya se puede incorporar en el esquema para recibir el subsidio.
«La provincia debería hacer lo mismo, hoy son alrededor de 150 mil jubilados y pensionados los que están con tarifa social en la provincia, y nosotros creemos que no debería haber menos de 200 o 250 mil usuarios más en condiciones de cumplir con algunos de estos requisitos y poder sumarse a un esquema de tarifa social en donde le sea menos pesado pagar la tarifa de la luz», concluyó el presidente del Cesyac.
