Unas diecinueve personas –entre ellas cinco agentes de la Policía de Santa Fe– fueron detenidos durante la mañana de este viernes, cuando se realizaron unos veintiséis allanamientos en Rosario y la región, en el marco de una investigación a una banda que trafica drogas y que además captaba a menores de las localidades santafesinas de Coronda y Gálvez para someterlos, prostituirlos y obligarlos a trabajar en sus búnkeres.
Entre los detenidos –doce mujeres y siete hombres– hay cinco agentes policiales. La investigación del caso está a cargo de la la Fiscalía Federal Nº2, liderada por el fiscal federal Claudio Kishimoto, y su auxiliar Franco Benetti.
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En los operativos –que se realizaron en las localidades de Rosario, Ricardone, Funes, en la cárcel de Coronda y en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR)– trabajaron de forma conjunta Benetti, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de Trata de Santa Fe.
La banda engañaba a menores de la región de Coronda y Gálvez ofreciéndoles trabajo en Rosario y las obligaba a consumir droga y a prostituirse con los soldaditos amenazándolas de muerte. La investigación comenzó cuando una menor de Coronda denunció que un grupo de mujeres había secuestrado a una amiga. Al alertar a la policía, se logró rescatar a la joven del vehículo y se detuvo a las tres mujeres.
En una conferencia de prensa –en la que estuvo presente Conclusión– el responsable de la AIC, Darío Monti, indicó que en los allanamientos se secuestró droga, como marihuana y cocaína, además de documentación de interés para la causa y teléfonos celulares.
Tras aclarar que es la Dirección de Investigaciones contra el Narcotráfico de la AIC la que está a cargo de la investigación, Monti indicó que para los operativos de este viernes se movilizó a unos 300 agentes.
Por su parte, el auxiliar del fiscal Kishimoto, Franco Benetti, apuntó: “La fuerza actuó en la investigación con la utilización de drones. Fue una operación bastante relámpago, desde que se formalizó la denuncia a la fecha pasó un lapso muy corto de tiempo donde la policía hizo quince informes muy contundentes sobre la operatividad. Nos demoramos en el inicio para obtener una mayor cantidad de testimonios”.
En este sentido, indicó que la investigación de esta banda comenzó a raíz del testimonio de dos menores que habrían sido sometidas por esta organización. Además, precisó que las testigos se encuentran protegidas.
Los policías involucrados habrían vendido droga en los patrulleros
En la conferencia, fue el fiscal federal Claudio Kishimoto quien dio mayores precisiones sobre cómo operaba esta banda y quiénes la integraban: “La causa empezó a raíz de una información que nos brindaron unas personas sobre una situación de trata de menores”.
El funcionario judicial aseguró que “a raíz de las declaraciones de estas personas se pudo corroborar la operatoria de esta organización, que no es grande en su extensión de personas, pero sí es importante por cómo estaba conformada y cómo hacían las operaciones de compra y venta de estupefacientes”.
Al respecto, indicó que las órdenes eran emitidas por un hombre que está preso en la cárcel de Coronda. Además, puntualizó que los menores captados por esta banda –que eran tanto mujeres como varones– eran sometidos a trata laboral y sexual.
“Eso se corroboró a raíz de la investigación que llevó a cabo la AIC y por los resultados de los allanamientos de este viernes”, observó el fiscal federal.
Consultado por los policías de la provincia que estarían involucrados en esta red, Kishimoto explicó: “Las víctimas habían asegurado que había personal policial que estaba vulnerando sus derechos en todo sentido. Pudimos corroborarlo y logramos las detenciones de esas personas. Hay cinco policías involucrados, que prestaban servicio en la Policía santafesina, en el comando y en Rosario”.
Según el fiscal, se trataría de personal de calle que “utilizaba vehículos oficiales en determinados puntos de venta de comercialización de estupefacientes. En uno de los móviles había una cantidad considerable de dosis de cocaína”.
En relación a cómo operaba la banda, el fiscal detalló que las ordenes se emitían desde la cárcel de Coronda, e iban dirigidas a un grupo de personas que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes.
“Como esta persona que estaba en la cárcel usaba teléfonos para comunicarse, los mensajes fueron intervenidos gracias a los testimonios de las menores. Pudimos así obtener una secuencia de cómo era la operatoria en materia de compra, venta y depósito de estupefacientes, y dónde estaban los lugares de acopio de marihuana y cocaína, como así también dónde podría estar oculto el dinero y las armas”, completó Kishimoto.
Además, señaló que los menores eran captados para la compra y venta de drogas: “Fue tan grave la trata laboral, que los obligaban a trabajar de día y de noche, permanentemente”.
A partir de las escuchas telefónicas se comprobó que en el búnker de la Zona Cero se vendía droga en “bidones”. Los “soldaditos” recibían envases que contenían entre 20 o 25 envoltorios de un gramo de droga cada uno, y cuando vendían todo “el bidón” avisaban para que un miembro de la banda le llevara otro y retirara la plata recaudada.
Resultados de los allanamientos
En Rosario, los allanamientos se realizaron en la zona centro, la Zona Cero y en barrio Nuevo Alberdi. En estos dos últimos distritos, la organización habría tenido bunkers que operaban con complicidad policial.
Uno de los allanamientos se realizó en el búnker de Zona Cero donde se detuvo a Andrea Elisabet A. que era quien manejaba el dinero y las armas de la banda. También detuvieron a Gladis Noemí P. madre del líder de la banda, quien controlaba el funcionamiento del búnker, los soldaditos, las armas y el dinero que facturaba la organización. También fue detenida Irina Micaela M., como otra de las personas que manejaba el lugar.
También se secuestraron 35 celulares, 3 ladrillos y varios trozos de marihuana compacta con un peso de más de 4kg, 7 balanzas digitales, más de 200 envoltorios de cocaína, 1 pistola con 16 cartuchos intactos, 1 pistola calibre 22 con municiones, 1 revólver calibre 38, varias cajas de municiones, más de $2.500.000, cuadernos con anotaciones, un auto marca Audi y una moto con pedido de secuestro.
El operativo fue realizado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, con la colaboración de los grupos especiales GAT, GOT, TOE y GOE de la policía de Santa Fe.
