Tres policías pertenecientes al Comando Radioeléctrico de Rosario (CRE) fueron imputados por haberle plantado armas utilizadas en balaceras a un joven de 28 años que había sido aprehendido el 31 de enero, que primero fue imputado y, posteriormente, recuperó la libertad al constatarse que no estuvo implicado en los hechos.

En una audiencia imputativa realizada este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el fiscal Franco Carbone solicitó la prisión preventiva por el plazo de la ley. 

Si bien eran cinco los oficiales que habían sido detenidos el pasado domingo, solo llegaron a esta instancia los uniformados Damián Ruiz, Marcos Molina y Lisandro Vera. Los otros dos, Joaquín Luciano Dure y Yael Ulises Fernández, recuperaron la libertad el lunes, pero quedaron vinculados a la causa por haber prestado consentimiento en la falsificación del acta del procedimiento ilegal.

Al respecto, en diálogo con Conclusión, el fiscal detalló cuáles son las pruebas que presentó en contra de los tres agentes: «La evidencia que surge es copiosa, tenemos distintas fuentes de información a partir de lo que es la aprehensión ilegal del señor Chávez Mansilla. Simultáneamente tenemos otra hipótesis de trabajo, donde desde el 31 de enero seguimos trabajando arduamente hasta culminar con las conclusiones que derivaron en la aprehensión de estas personas y en la audiencia imputativa de este miércoles».

Consultado sobre cuáles son los delitos por los cuales se los acusa, especificó: «Son muchos, encubrimiento de seis hechos en particular. La gravedad institucional que estamos viendo es inusitada, porque están encubriendo seis hechos de balaceras que tienen mensajes amenazantes contra el gobernador y contra la TOE (Tropa de Operaciones Especiales). Un breve repaso: balacera a Banco Macro y al HECA, 12 y 13 de diciembre. Balacera a la dependencia de la TOE, el 20 de enero. A un domicilio vinculado a un puesto de venta de drogas de una de las facciones, vinculada al señor Trippi, a la familia Trippi. Y otra balacera a la GNC donde también hay alusión en estos carteles a la TOE, a Pullaro y a los Trippi. Además, una balacera a la comisaría 19 con alusión a una persona vinculada a estas personas».

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«Parte de los delitos son los encubrimientos. Luego de receptar las armas de los verdaderos autores de los delitos, las fueron plantando, insertándolas irregularmente en una persona vinculada a esta facción. Entonces, ¿qué tenemos acá y qué presentamos? Hay uno de los policías que trabajaba en el Centro de Justicia Penal, que previamente trabajó en el comando radioeléctrico durante mucho tiempo. Él es el que hace el nexo con la banda rival que fue allanada, este miércoles allanamos una serie de 12 domicilios vinculados a esta persona. Entonces, conocen a los autores, reciben las armas, encubren a estos autores y quieren inculpar, falazmente, a la facción rival», añadió.

«Lo terrible de todo esto es que una persona estuvo ilegítimamente presa, digamos, ilegítimamente privada de su libertad, e hicieron incurrir en error a distintos funcionarios judiciales», comentó.

En torno a si había dinero como forma de promesa compensatoria en el medio, informó que «si, se habla de cinco millones, otros de tres millones. Lo que quiero decir también es que esto lo pudimos resolver, al menos con el grado de probabilidad requerida en este tipo de audiencias, gracias al trabajo de Asuntos Internos. Coordinadamente hemos trabajado con el Ministerio de Seguridad para poder decir que estos policías no son policías, son corruptos, están en connivencia con los narcos y están trabajando para ellos».

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Requerido en torno a si estaban solos o con alguien más de la fuerza, respondió que «eso se está trabajando. Estuvimos haciendo medidas a los efectos de determinar eso».

También se le consultó respecto a como surgió la hipótesis de que plantaron armas, si hubo alguna denuncia, tras lo que comentó que «tenemos una denuncia desde el primer día. En Asuntos Internos hay cuestiones que fueron pasando de manera simultánea, que hacían que por distintas vertientes lleguemos a la misma conclusión, donde a veces una persona imputada, privada de libertad, puede dar una declaración, un descargo, donde hay que verificarlo. Tenemos un deber de objetividad como fiscal que nos implica investigar cada una de las aristas en las investigaciones. Acá todo fue confluyendo en lo mismo, entonces tuvimos análisis de cámaras, GPS, handis, comunicaciones radiales, análisis de teléfono celular, distintos testimonios vinculados a la víctima, al aprendido y que no tenían nada que ver con él, de distintos policías también».

Carbone también precisó información sobre si quien era el aprehendido y si había formado parte de alguna banda narco: «Era una persona que era chofer del señor Leo Trippi, fallecido hace escasas horas. Por ese entonces, la persona seleccionada por estos policías para plantar las armas específicamente fue buscada en ese momento en particular. Tenemos los teléfonos que fueron a buscarlo a él para ponerle las armas».

Por último, al ser indagado respecto a si el homicidio del último martes tiene vinculación con estas detenciones, señaló: «No, no, eso no lo puedo decir. Estuve en contacto con el fiscal Cisertia, que estuvo primero en esa investigación, después Pairola. No puedo decir eso. Obviamente, será una hipótesis que maneje la doctora Pairola. Quiero ser respetuoso de esa investigación. La verdad que no sé los pormenores, pero sí puedo afirmar que la persona fallecida está en este procedimiento de entrada, porque estaba incluso en el momento de la aprehensión de Chávez Mancilla».

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