El Concejo Municipal de Rosario solicitó este jueves al Ejecutivo “ la inmediata intervención por medio de acciones administrativas y/o judiciales -si fueran necesarias-, para lograr el cese del reclutamiento de autos particulares por parte de la Empresa Uber” en la ciudad, ya que “es manifiesto objetivo de prestar un servicio no habilitado por las normas locales”.

Asimismo, pidió acciones del municipio frente a la violación del artículo 28° de la Ordenanza N° 7369 (que prohíbe que las remiserías despachen viajes de otros tipos de transporte de pasajeros) por parte de la Empresa Cabify.

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Cabify está habilitada en Rosario como agencia de remises. “Funciona fácil. Te bajás la aplicación y es muy rápido. Podes pedir un remís o un taxi. Es la única aplicación que tiene los dos servicios integrados en la ciudad”, dicen desde la empresa que generó polémica tanto en el Concejo como en el rubro de los taxistas desde su llegada hace tres años a Rosario.

Días atrás, la representante de Cabify en Rosario, Evelyn Farias, diferenció en diálogo con Conclusión a esa firma de Uber.

“Nosotros brindamos un servicio premiun, de calidad y siempre en las ciudades donde estamos tratamos de ceñirnos a la legalidad. Nos basamos en que queremos hacer crecer la ciudad y queremos hacer ciudades sostenibles y ecosistemas saludables, por lo que tratamos en cada ciudad en donde desembarcamos de cumplir con la regulación vigente”, expresó.

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Desde el cuerpo legislativo local entienden que esto no es así, y que Cabify, como Uber, “está fuera de la norma”.

Uber no está habilitado, por su parte, como empresa de remises por lo cual su situación es aún más compleja.

El concejal Eduardo Toniolli, venía pidiendo medidas en ese sentido al Ejecutivo municipal, y la comisión de Servicios Públicos, que él integra y preside el edil del Frente Progresista e intendente electo, Pablo Javkin, propició el decreto votado este jueves, tras recibir en el Palacio Vasallo a representantes de taxistas este miércoles.

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El texto votado, por unanimidad, insta a que el municipio “imponga las penalidades correspondientes, ante ésta u otras eventuales irregularidades constatadas”.

Según pudo saber Conclusión, en el Palacio de los Leones, donde ejercen las principales autoridades de la ciudad, incluida la intendenta Mónica Fein, analizan por estas horas dar curso a medidas en ese sentido.