El Consejo Asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal de Rosario recibió este lunes a la representante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Jaquelina Balangione, para conocer el relevamiento que la organización realizó en la provincia sobre los casos de violencia institucional.

El informe registró 958 casos de violencia institucional cometidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, que dejaron 579 víctimas. 

En diálogo con Conclusión, la defensora general Jaquelina Balangione comentó que se trata del “informe del registro de torturas y de violencia institucional policial, penitenciario y del Estado en general que llevamos adelante desde el Servicio Público de la Defensa”.

“Los números son relativos, porque son los que llegan a nuestro conocimiento, es decir que no abarcan la totalidad de casos de violencia institucional que se vive en el Estado santafesino”, explicó Balangione.

En este sentido, la defensora general indicó: “El año pasado se registraron 958 casos de violencia institucional y de torturas que involucran 579 víctimas, porque en un caso puede haber dos o tres modalidades de violencia institucional que están catalogadas y clasificadas según las normativas internacionales con las que nosotros trabajamos.”

Del total de víctimas registradas, 280 se encontraban en la circunscripción judicial de Rosario, 108 en la de Santa Fe, 84 en Reconquista, 73 en Rafaela y 34 en Venado Tuerto. Además, de los 958 casos de violencia institucional, 515 fueron maltratos físicos, 252 psicológicos y en 191 ocasiones se afectó a los derechos humanos.

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal se guía con la Convención de las Naciones Unidas y, en este sentido, entiende que la tortura no es solamente el maltrato físico y el que deja lesiones, sino que también comprende los maltratos psicológicos.

De los 958 casos de violencia institucional, 515 fueron maltratos físicos, 252 psicológicos y en 191 ocasiones se afectó a los derechos humanos. Dentro de los maltratos psicológicos, en 89 casos hubo amenazas, en 73 humillación, en 34 acoso, la violencia verbal se registró en 32 casos, las requisas agraviantes a familiares en 12 y el impedimento de vinculación familiar en 12.

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“Hay una clasificación que se da a partir de estos tratados que son golpes, golpizas, balas de goma, gas pimienta, muerte, submarino seco, abuso sexual, duchas con mangueras de agua fría, pata-pata, puntazos, cortes, eso como manifestaciones de tortura o maltrato físico, pero también tenemos lo que es psicológico, por ejemplo las requisas, el trato a los familiares, con no posibilitar alguna visita, que también implican un maltrato hacia la persona”, señaló Balangione.

Al considerar los números que arrojó el relevamiento, se destaca que el tipo de tortura más frecuente son los golpes -con 260 casos registrados-, seguidos por las golpizas (197), balas de goma (21), gas pimienta (13) y muerte (10).

Además, la funcionaria explicó que la definición de violencia institucional parte de tres premisas: tiene que ser ejercida o perpetrada por agentes del Estado (que pueden ser de la policía, del servicio penitenciario o agentes judiciales); quienes lo padecen tienen que ser personas que están limitadas en su autonomía; y además tiene que ser una afectación de derechos humanos.

 

De las 579 víctimas registradas de violencia institucional, un 50 por ciento realiza la denuncia penal, mientras que la otra mitad no la hace. Dentro del 50 por ciento que no denuncia, un 30 por ciento cuenta por qué no acude a la justicia. “Siempre pasa por el temor a la represalia o el temor al armado de causas”, dijo la defensora general.

Y agregó: “El mayor porcentaje de casos de malos tratos se dan en los primeros momentos de la aprehensión, y dentro de esos primeros momentos el mayor porcentaje se da en la calle, es decir, por las fuerzas de seguridad que tienen a su cargo la persecución y la represión del delito”.

En este sentido, el informe reveló que se registraron un 51 por ciento de casos de tortura (física, psicológico y otras afectaciones de derechos humanos) durante las detenciones; 39 por ciento en las aprehensiones; 6 por ciento durante un traslado y 3 por ciento en interrogatorios.

Por su parte, la concejala y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Celeste Lepratti, indicó a Conclusión que el Consejo Asesor está integrado por diversos espacios, instituciones y organismos de la ciudad que en este caso se reunieron para conocer en detalle el último informe que ha elaborado la Defensoría Provincial respecto de los casos de violencia y represión estatal en toda la provincia.

La concejala consideró que la violencia institucional “se profundiza día a día luego de decisiones que asumen quienes tienen a cargo las carteras de seguridad tanto a nivel nacional como en la provincia, así que desde los espacios en los que creemos que los derechos humanos son algo que se ha conquistado duramente, nos reunimos para hacer una valoración de este informe y aunar criterios para acompañar políticas que justamente vayan a erradicar este tipo de prácticas”.

Consultada por la situación en Rosario, Lepratti sostuvo que por la cantidad poblacional “hablamos altos números que se ha incrementado de años anteriores a este, en manos de distintas fuerzas de seguridad, no solo provinciales”.

“Hay que mencionar que las mal llamadas emergencias en seguridad, donde algunos de los ejes rondaban en que se refuercen partidas para que nuevas fuerzas -y también las federales- lleguen a la ciudad, no han revertido el delito, sino al contrario, lo han incrementado porque hablamos de otros delitos cometidos por quienes justamente deberían estar evitándolos”, concluyó la concejala.