*Por Victoria Musto
El panorama ya era complejo… Un sector del periodismo, la academia y el trabajo de los grupos en territorio coinciden en un núcleo de demandas de larga data que afectan nuestras cárceles. Entre ellas se reconocen la sobrepoblación y el hacinamiento que esta genera, así como la falta de servicios esenciales, entre los cuales se destacan: ventilación adecuada, conexiones eléctricas en buen estado, recolección diaria de residuos y suficiente provisión de alimentos de calidad.
Para dar cuenta de esto, es posible atender a los datos relevados por la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD), que afirma que, del total de los encuestados, el 92% sostuvo que los elementos de higiene son insuficientes para el pabellón, solo el 34,4% reciben dos raciones de comida al día, mientras el 44% lo hacen una vez y que 42,9% se alimentan de la comida que les llevan sus familiares.
Sumado a estos problemas de infraestructura, la sobrepoblación es también consecuencia de un sistema judicial que prioriza las detenciones preventivas generando que muchas personas están encarceladas sin condena efectiva y así como excedidas en el plazo de su condena por las demoras administrativas… Y todavía podía ponerse peor.
Frente a esta situación, el Sistema Penitenciario Federal dispuso el 13 de marzo las primeras restricciones en la admisión de internos e ingreso de personas reforzando esta medida dos días después cuando se suspendieron las clases y actividades educativas en los todos los complejos y unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal. El 20 de marzo, las disposiciones continuaron profundizándose, al suspenderse la admisión de nuevos internos y finalmente, el mismo día, se suspendieron las visitas en dichos establecimientos.
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Si consideramos los datos antes provistos, se comprende que esta última medida, aunque necesaria, puso en evidencia cómo los familiares son el sostén de los detenidos tanto suministrando alimento, artículos de higiene e incluso medicamentos. Fue necesario entonces que se habilitaran permisos como “actividad esencial” para el desplazamiento de los familiares a fin continuar con el abastecimiento, no sólo cumpliendo el rol que debería ocupar el Estado sino además poniendo en riesgo su salud, como afirma Andrea Casamento presidente de ACiFaD.
Una segunda medida, otorgada por la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Chubut fue el permiso para la utilización de telefonía celular, con la intención de asegurar el derecho a una comunicación accesible, asidua y regular de los detenidos con los familiares y allegados como señalan los habeas corpus preventivos y colectivos presentados en Buenos Aires. Esta medida generó repercusión, especialmente por un tweet del 5 de abril de la diputada provincial por Buenos Aires Carolina Píparo denunciando que la persona que asesinó a su hijo retomó las comunicaciones con ella debido a esta decisión. Frente a esto, la diputada señalaba “qué pensaron que iban a hacer? Llamar a la abuela?”. El mismo tono expresa la legisladora sobre la tercera medida, los recursos presentados para la obtención de prisión domiciliaria.
Esta postura favorece un clima de punitivismo, desinforma, desconoce los problemas estructurales antes mencionados y deja de lado el hecho de que para el año 2018 el 46% de las personas que se encontraban detenidas todavía estaban procesadas, es decir no tenía una condena certera. Vale aclarar además, que no es sencillo para las personas que están privadas de libertad conseguir dicho beneficio, dado que no tiene lugar para todos los delitos. Contrariamente a lo que se piensa, las estadísticas muestran que es mayor la cantidad de personas que cumplen condena por delitos con penas menores que el número de homicidas o violadores, desmitificando la idea que son ellos quienes llenan nuestras cárceles.
Además de los requisitos que deben cumplirse, Andrea Casamento señala para el podcast La Mar en Coche que el aislamiento dificulta el proceso administrativo y judicial ya que la comunicación con el Poder Judicial y las Defensorías no es sencilla de obtener. Tales organismos están cerrados actualmente y no existe un teléfono accesible donde llamar para contactarse con un Poder Judicial que continúa trabajando pero que es difícil de ubicar para familiares y detenidos. Finalmente, otro punto a tener en cuenta es la disponibilidad de tobilleras electrónicas. Por ejemplo, como señala el periódico Perfil, la provincia de Buenos Aires posee 2000 que ya están siendo utilizadas impactando, entre otros motivos, en que el 70% de los recursos presentados sean denegados.
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Urgencia es poco
Los disturbios se multiplican en todas las presidios del mundo. Argentina no es una excepción asistiendo a los conflictos en las cárceles de Coronda y Las Flores en Santa Fe, así como en Florencia Varela, la Alcaidía de Batán y más recientemente en la cárcel de Devoto en Buenos Aires. La necesidad urgente es la de reducir la sobrepoblación. Esto puede conseguirse a través de mecanismos que: permitan regímenes de semilibertad o para el tránsito de la emergencia sanitaria fuera de las cárceles, limiten las prisiones preventivas y permitan las libertades anticipadas en casos de delitos no violentos. Además urge la necesidad de garantizar la provisión de insumos sanitarios de prevención, limpieza e higiene así como de alimentos, prestando especial atención a las personas calificadas como población de riesgo.
Finalmente es central propiciar canales de comunicación para que los detenidos puedan mantener el contacto con sus familiares. Todas estas son recomendaciones dadas en el Comunicado de la Mesa Interuniversitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro. Asimismo, los reclamos por el esclarecimiento de las muertes y otros sucesos en el transcurso de los disturbios deben ser atendidos con igual celeridad.
Actualmente, las personas privadas de su libertad lidian con toda la complejidad de su entorno sumado a una pandemia mundial que profundizó la situación de desidia a la cual se ven sometidas por el Estado y por una sociedad que multiplica el desamparo mediante una cruel estigmatización. Como sostiene el manifiesto “Somos Plaga” de la Asociación Civil Yo No Fui, recuperado en el episodio mencionado de La Mar en Coche: “No queremos volver a la normalidad cuando esto pase. Porque la normalidad nos aterra, nos criminaliza, nos encierra. En cambio decimos: hagamos imposible la normalidad.”
*Licenciada en Relaciones Internacionales (UNR), miembro del programa Café Internacional y del Centro de Investigaciones sobre Seguridad, Estado y Sociedad (CISES-UNR) @musto_vic
