Por David Narciso
El Poder Judicial de la Nación habilitó la semana pasada el tercer tribunal oral en lo criminal para Rosario, que fue creado por ley en 2010 y recién ahora puesto en funcionamiento. Los jueces que lo integran son Mario Gambacorta, Osvaldo Alberto Facciano y Eugenio Jorge Martínez Ferrero.
La Justicia federal de Rosario suma así un nuevo tribunal oral con competencia en lo criminal. Su labor es llevar adelante las audiencias orales de enjuiciamiento en base al proceso instruido por los dos juzgados penales de primera instancia de Rosario y San Nicolás.
El 19 de septiembre pasado el Administrador General del Poder Judicial de la Nación formalizó el pedido de habilitación jurisdiccional del tribunal: “Están dadas las condiciones edilicias y de equipamiento para dar inicio a las actividades del citado tribunal, con una dotación reducida (9 cargos); el que funcionará en el edificio de Bv. Oroño Nro. 940, de la ciudad de Rosario; y cuyo crédito presupuestario se encuentra contemplado en la ley de Presupuesto General de la administración nacional para el Ejercicio del corriente”.
El nuevo tribunal ocupará un espacio en la ya de por sí sobrecargada casona de Oroño entre Rioja y San Luis y, como lo dice la comunicación oficial, comenzará a funcionar con una “dotación reducida” de 9 cargos.
Los tribunales orales federales de Rosario toman las causas de los dos juzgados de primera instancia de Rosario y el de San Nicolás.
¿Y Venado Tuerto?
Próximamente se agregará el de Venado Tuerto, que está listo para comenzar a funcionar. Al frente ya fueron nombrados como juez titular Carlos Aurelio Cuello Murúa, fiscal Javier Matías Arzubi Calvo y defensora oficial Silvina Costa. La ley de creación (2012) lo dotó de dos secretarías: una con competencia en materia criminal correccional; y la otra en lo civil, comercial, laboral, tributario, de la seguridad social y contencioso administrativo.
La habilitación de un tercer Tribunal Oral para Rosario sorprendió a más de uno que daba por sentado que la prioridad era habilitar el juzgado de primera instancia de Venado, con jurisdicción en Caseros, General López y Constitución.
Por lo tanto su puesta en marcha es muy esperada en el extremo sur de la provincia, pero también en Rosario porque aliviará a los juzgados federales de la ciudad, en especial a los de competencia penal, los Números 3 y 4 a cargo de Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque, en los que la situación de sobrecarga laboral, falta de personal, equipamiento y otras falencias son motivo de queja hace años.
Conclusión consultó a la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, de activa participación en las gestiones por el juzgado federal de Venado Tuerto. Informó que se crearon todos los cargos necesarios y resta terminar la adecuación del edificio que la Municipalidad alquiló para que funcionase. Según su explicación, ese es el motivo de la espera.
No sólo en la Patagonia
El incremento de juzgados de primera instancia en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario lleva años de tramitación y muy de a poco se fue avanzando. A los dos juzgados penales de Rosario, los dos de Santa Fe y el de San Nicolás, se sumó el de Rafaela (creado por ley en 2006 y operativo recién en 2014). Está pendiente Venado, creado por ley en noviembre de 2012.
En los pasillos de bulevar Oroño sonaron como música las palabras del ministro de Justicia. Refiriéndose al cambio de juez en el caso Maldonado, Germán Garavano dijo que la Justicia federal de primera instancia “no está preparada ni en condiciones de investigar delitos complejos como la desaparición de Maldonado”.
En los Tribunales rosarinos se recordó, con cierta envidia, que al juez federal de Rawson la Cámara le asignó dedicación exclusiva por 60 días a la causa Maldonado, mientras que en Rosario el Juzgado Federal Número 3, por dar un ejemplo, además de las causas “ordinarias” y el centenar de detenidos bajo su responsabilidad, tramita la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, de similares características a la de la Patagonia, más la investigación por delitos económicos con facturas apócrifas y lavado de dinero.
Si bien las palabras del ministro de Justicia pueden interpretarse como un intento de diluir responsabilidades, es una realidad que desde hace años la Justicia federal en lo criminal de Rosario recibe críticas, desde la política, de sectores sociales y de víctimas, porque hace agua ante la escala de delitos de jurisdicción federal que ocurren en la región, en particular narcotráfico. En Tribunales se argumenta que con la actual carga de trabajo, escasés de personal y demás recursos es limitada la capacidad de abordar ese tipo de investigaciones.
