Por David Narciso
La crisis cambiaria de estos días que llevó al gobierno nacional a ir en búsqueda del Fondo Monetario lleva implícita un aprendizaje para Santa Fe, porque deja al descubierto lo endeble que es la propuesta de pagar con obra pública la deuda histórica por coparticipación.
Según esa propuesta, la creencia de unos 54 mil millones de pesos se cancelaría en mayor parte con la realización de obras públicas durante tres años y el resto con títulos públicos. El gobernador Miguel Lifschitz trata de verle el lado positivo a la propuesta: “Claro que nos interesa, porque si en 3 años nos hacen obra pública por 54 mil millones de pesos nos dan vuelta la provincia”.
Con paciencia china Lifschitz mantiene los pies adentro de una negociación que a dos años y medio del fallo de la Corte tiene como único dato positivo la formalización de una propuesta de parte de Nación. Pobre y endeble, pero propuesta al fin. Es imposible a esta altura pronosticar la reanudación de ese diálogo. Como dijo un integrante del gabinete provincial: “Nuestros interlocutores del gobierno nacional hoy tienen otras prioridades”.
El ajuste
El propio andar del gobierno empaña la credibilidad de su oferta. El viernes 4 de mayo, en la conferencia de prensa que siguió a la corrida cambiaria del día anterior, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne anunció que acelerará el recorte del gasto público, comenzando por la supresión de 30 mil millones en obra pública.
Cabe recordar que en ese momento no se había anunciado aún el pedido del crédito stand by al FMI, lo que implica más ajuste fiscal como principal exigencia. Ese préstamo tiene como finalidad garantizar solvencia del país para pagar deuda. Y no precisamente la deuda con Santa Fe.
El gobierno de Santa Fe no rechazó de plano la propuesta pero en su devolución introdujo cláusulas de garantía, según las cuales si no se ejecutasen los proyectos de acuerdo al cronograma previsto, la diferencia económica se convertiría automáticamente en un título público a favor de la provincia. Ejemplo: si el primer año debía construir por 100 pesos y lo hizo por 80, los 20 restantes se transformarían en un título público. En la práctica, debería emitir nueva deuda para saldarle a Santa Fe.
A esta altura el lector se estará preguntando por qué en cambio de obra pública Nación simplemente no cancela con bonos a largo plazo que Santa Fe pueda negociar en el mercado.
La respuesta oficial es que Nación quiere asegurarse que el dinero vaya a gastos de capital, para que “no se malgaste en gasto corriente” y que asista a la actividad económica.
Más allá de esa “intención virtuosa” con dinero de los santafesinos, la realidad es que la obra pública, a diferencia de un título de deuda, permite hacer política antes, durante y después de su realización. Una forma de asegurarse participar en la foto del corte de cintas.
Lifschitz no parece tener problemas en cederle a Cambiemos “esa vidriera”. En todo caso lo calcula como un costo a pagar para el objetivo mayor, que es que se concreten esas grandes infraestructuras, que a su vez le reportaría rédito a su gobierno.
Los compromisos no cumplidos
Si la crisis cambiaria puso en evidencia lo endeble que es la propuesta, lo mismo sugiere lo que vino ocurriendo con la obra pública nacional que ya estaba en marcha o que se prometió.
En los dos años y medios de gestión, se inauguraron obras que fueron gestionadas o iniciadas en la gestión kirchnerista (que ya eran pocas) que contaban con financiamiento externo asegurado. El caso más concreto es la primera etapa del Ferrocarril Belgrano Cargas.
Las que eran de agenda propositiva de Cambiemos tuvieron un recorrido penoso. Retrasos por falta de pago, paralizaciones, revisiones de contratos que se parecen más a un intento por ganar tiempo que a una renegociación; y muchas que nunca comenzaron a construirse.
Conclusión publicó el detalle de cada una de esas obras días atrás: Las obras de Nación en Santa Fe que el ajuste de Macri pone en riesgo
Si se tiene en cuenta que el gobierno nacional no pudo cumplir ni cerca con su propio stock de obra pública prometida en dos campañas electorales (2015 y 2017), la pregunta elemental es cómo podría destinar 35 o 40 mil millones extras en un lapso de tres años para cancelar la deuda histórica. Más aún en un contexto donde perdió el control del mercado cambiario, sufrió pérdida de confianza política y financiera y tuvo que salir corriendo al FMI. La respuesta es tan elemental como la pregunta.
