Por Esteban Guida*
Hace unos días se conoció que el gobierno nacional solicitó al Fondo Monetario Internacional un waiver, el que fue concedido por la entidad el 5 de abril pasado, luego de concluida la tercera revisión de la evolución económica de Argentina en el marco del Acuerdo Stand-By aprobado el 20 de junio de 2018.
Se trata de una especie de perdón o “vista gorda” por incumplir con las exigencias impuestas por la institución. En este caso, según declaraciones oficiales, Argentina requirió el waiver por no cumplir en tiempo y forma con la entrega de los resultados fiscales actualizados.
Desde el Gobierno se alegó que solo se debía a una cuestión meramente administrativa por modificaciones en las fechas de las reuniones pactadas con el Fondo. Por ende, alegan que, al atrasar la fecha de las revisiones, lo lógico es que se soliciten los nuevos resultados de la economía.
El “atraso” del gabinete económico resulta algo extraño, sobre todo teniendo en cuenta que esta revisión tenía el propósito de liberar el primer (y más grande) desembolso del año de, nada más y nada menos, 10.870 millones de dólares.
Resulta muy llamativo que el gobierno incurra en atrasos administrativos ante semejante situación. ¿Tiene el gabinete económico algo más importante que hacer que elaborar los números que pide la entidad que tiene en la palma de su mano la permanencia del gobierno en su cargo?
La situación es muy delicada para las dos partes. Para el gobierno argentino, agradar al Fondo Monetario resulta crucial para recibir los dólares que subastará a través del Banco Central para aportar liquidez al mercado cambiario y para hacerse de los pesos necesarios para satisfacer las necesidades de gasto fiscal, producto de la fuerte caída de la recaudación.
Para el Fondo Monetario Internacional, no es lo mismo tener un deudor de 5.000 millones de dólares que uno de 60.000 millones de dólares (máximo deudor de la historia del FMI); el fracasa del plan económico impuesto a la Argentina podría tener serias repercusiones para la entidad, empezando por Directora Ejecutiva Christine Lagarde, y terminando por recibir un nuevo cuestionamiento mundial acerca de su incapacidad para controlar las crisis.
Es que la ridiculez de hacer la vista gorda por “una demora administrativa” resulta un mal menor para ambas partes, frente a los serios problemas fiscales que enfrenta la Argentina.
En efecto, los datos actuales podrían dejar de manifiesto una complicación para cumplir con las metas impuestas por el Fondo, puesto que resulta contradictorio pretender el equilibrio fiscal en una economía que tiene sus ingresos correlacionados con el consumo y la evolución de la actividad económica, mientras se busca enfáticamente acentuar la recesión para bajar la inflación y cerrar el déficit externo.
A diciembre de 2018, el Sector Público No Financiero acumuló un déficit primario de $338.987 millones. Esta cifra representó un 2,4% del PBI, la cual implicó un cumplimiento de la meta impuesta en el acuerdo con el Fondo que era de 2,6%.
A su vez, el resultado financiero, es decir, la suma del resultado fiscal más el pago de intereses de la deuda, alcanzó los $727.927 millones y representó el 5,2% del PBI.
Cabe mencionar que los intereses de deuda pagados en 2018 treparon a $388.940 millones, evidenciando una suba del 72,9% con respecto a lo desembolsado en 2017.
No obstante, estos datos no entran dentro de las metas impuestas por el Fondo.
El resultado deficitario entre los ingresos tributarios y las erogaciones estatales registrado en 2018 entró dentro de los parámetros establecidos en el Stand-by firmado con el Fondo (a saber: la meta era del 2,6% del PBI). De hecho, la revisión de principios de enero donde se evaluaban estos resultados fue aprobada por el organismo.
El problema está en el desempeño de las variables en el transcurso de este año donde la meta impuesta es el equilibrio en las cuentas del estado (déficit cero).
Sin embargo, ante la caída en la actividad económica del país (a saber: en 2018, cayó un 2,5% y en el primer bimestre de 2019 se registró una caída acumulada del 5,7% con respecto a igual periodo de 2018), se dificulta el ingreso de recursos tributarios y por ende las metas se alejan.
Los primeros datos de recaudación del año revelaron que los ingresos tributarios de los primeros tres meses del 2019 crecieron, en términos interanuales, por detrás de la inflación. En enero se recaudaron 363.927 millones de pesos, en febrero 330,890 millones y en marzo 327.869 millones.
Tales recaudaciones implicaron un crecimiento interanual del 38,9%, 40,4% y 37,3%, respectivamente. Sin embargo, la inflación (medida también en términos interanuales) registró variaciones del 49,3% para enero y 51,3% para febrero. El dato inflacionario de marzo todavía no se conoce pero se prevé que sea mayor al aumento de la recaudación.
Estos datos hablan de un serio problema para cumplir con las metas fiscales establecidas por el Fondo.
Si, tal como se espera, el gobierno no alcance la meta de un superávit primario acumulado de 40.000 millones de pesos para el segundo trimestre del año, la cosa se va a poner más fea para todos; si el Fondo abandona el acuerdo, podría precipitar el final de una experiencia que hasta ahora solo ha cosechado fracasos.
