Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, pidieron que se investigue una “posible responsabilidad penal” de la policía de la Ciudad de Buenos Aires en el intento de magnicidio contra la funcionaria, el cual ocurrió el pasado 1 de septiembre en el barrio porteño de Recoleta.
En su calidad de querellantes en la causa, los abogados presentaron un escrito de 28 páginas al fiscal Carlos Rívolo, donde solicitaron que se investigue la posible responsabilidad de la Policía de la Ciudad de Bueno Aires, ya que se trata de “la fuerza con más presencia en el lugar donde se planeó y ejecutó el atentado”.
“Venimos a instar a que, luego de cinco meses de investigación, se dispongan medidas probatorias respecto de la posible responsabilidad penal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostuvieron los letrados.
“La Policía de la Ciudad era, además, la mayor responsable de garantizar la seguridad de la vicepresidenta (a quien solo la salvó un milagro)”, sostuvieron los abogados en el escrito, en el que dieron cuenta de distintos episodios violentos que tuvieron por víctima a la exmandataria y/o a dirigentes y militantes del espacio político que representa.
El escrito apunta también al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (en uso de licencia), Marcelo D’Alessandro, y cuestiona nuevamente a la jueza María Eugenia Capuchetti, a la que le achaca no haber investigado a la policía porteña por sus supuestos vínculos con la conducción de esa fuerza.
“Lo sucedido el pasado 1 de septiembre fue la consecuencia de una serie de violencias previas que habilitaron y convalidaron el escenario que dio lugar a una tentativa de magnicidio a una mujer en su cargo de vicepresidenta en un sistema democrático”, afirmaron los abogados en el escrito.
Ese escrito incluye un apartado titulado “La necesidad de investigar a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”, en el que se cuestiona “la falta de investigación de lo hecho (y no hecho)” por parte de esa fuerza.
“Más allá del atentado, también es una forma de violencia política la omisión de aplicar justicia por parte de una jueza debido a intereses económicos, ideológicos o corporativos. Esto parece haber sido lo que sucedió con la jueza Capuchetti que investigó a la custodia vicepresidencial y a la Policía Federal, pero omitió estudiar el accionar de la Policía de la Ciudad Buenos Aires”, sostuvieron los abogados Aldazabal y Ubeira.
“Este hecho es inexplicable en términos jurídicos, dado que la Policía de la Ciudad era la fuerza con jurisdicción sobre el lugar donde se planeó y ejecutó el atentado y la que, a primera vista, en más irregularidades incurrió”, señalaron.
En ese contexto, recordaron: “Durante esas jornadas, con el barrio – y, particularmente, la esquina de Uruguay y Juncal – pomposo y sorpresivamente saturado de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, no solo ocurrieron hechos violentos nunca antes registrados, sino que, como se supo luego, ya se encontraban los autores materiales intentando concretar el acto homicida”.
Repaso de la violencia antes del 1S
Al enumerar distintos hechos de violencia ocurridos antes del ataque perpetrado el 1 de septiembre, los abogados de la querella relataron que el 28 de julio de 2022, en el marco de una investigación por amenazas contra la vicepresidenta de la Nación, el fiscal nacional Gómez Barbella le advirtió a D’Alessandro que podrían producirse hechos violentos en el Instituto Patria, por lo que solicitó reforzar la seguridad del lugar.
“Por lo que sabemos, Marcelo D’Alessandro ni contestó el oficio enviado por el fiscal, ni reforzó la seguridad del lugar. Solo se conoce, por imágenes públicas, la simpatía y los saludos intercambiados entre efectivos de la policía de la Ciudad y los atacantes”, sostuvieron.
Los abogados también se refirieron al ataque con piedras contra el Congreso de la Nación en marzo pasado, oportunidad en la que resultó dañado el despacho de la vicepresidenta, y aseguraron que “extrañamente la policía de D’Alessandro no detuvo a una sola persona”.
“De acuerdo con la información que ha recibido esta querella, lo mismo sucedió con los eventos sucedidos en las inmediaciones de la vivienda de la vicepresidenta luego de que el fiscal Diego Luciani solicitara su condena. Un fiscal federal le advirtió mediante un oficio a Marcelo D’Alessandro de la posibilidad de ocurrencia de eventos violentos. No conocemos el recorrido administrativo de ese pedido, pero hay algo que empíricamente no puede ser negado: pese a la advertencia, D’Alessandro no reforzó la seguridad sino todo lo contrario”, plantearon.
Aseguraron, además, que “existen sobrados testimonios, e incluso denuncias penales efectuadas por la Jefatura de la Policía Federal Argentina, que ubican a personal y funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, supuestamente de la policía, a cargo de D’Alessandro, filmando desde el interior de viviendas cercanas a la de la vicepresidenta y desarrollando tareas de inteligencia”, y se preguntaron luego por la legalidad de esas maniobras.
Hacia el final del planteo, los abogados señalaron que “mientras la policía reprimía a manifestantes, dejaba que los planificadores del atentado circularan libremente y hasta intentaran matar a Cristina Fernández de Kirchner. Mientras las vallas de la policía de la CABA impedían el paso de militantes políticos, (Fernando) Sabag Montiel y Brenda Uliarte parecen haber circulado libremente por el lugar”.
“La fuerza de seguridad a cargo de D’Alessandro, que controla la seguridad de las calles de toda la Capital Federal, especialistas en investigar y reprimir a vendedores ambulantes, nada se preguntaron acerca de los supuestos vendedores de copos de azúcar”, enfatizaron los abogados de la querella.
“Además -continuaron- el 28 de agosto y en días próximos al atentado, la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permitió que personas ya investigadas por ejercer y pregonar la violencia contra Cristina Fernández de Kirchner entraran al edificio donde ella vive y difundieran fotos del lugar”.
En ese punto señalaron que en la causa en la que se investiga a los miembros de Revolución Federal hay referencias de los propios imputados a la buena relación que mantienen con la policía porteña.
“Es evidente que lo hecho por la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA, que no obedecieron órdenes del Ministerio Público federal de reforzar la seguridad de Cristina Fernández de Kirchner y dejaron que los atacantes y los violentos (algunos ya identificados previamente) circularan por Juncal y Uruguay supone un abandono ilegal del servicio de seguridad”, sostuvieron.
Entre otras medidas de seguridad para esta instancia de la investigación, los abogados de la querella reclamaron que requieran los legajos de todos los efectivos dispuestos en los operativos de seguridad desplegados en torno a Cristina Fernández de Kirchner y su domicilio, tanto personal, como respecto del Honorable Senado de la Nación y el Instituto Patria, entre los días 20 de julio y 1 de noviembre de 2022.
Además, solicitaron que se requiera el entrecruzamiento de llamadas de todos los abonados telefónicos de los efectivos dispuestos por la Ciudad de Buenos Aires en el lapso indicado
La querella también pidió que se cite a prestar declaración testimonial al fiscal Gómez Barbella, con el fin de que dé cuenta del oficio que le habría enviado a Marcelo D’Alessandro en el que supuestamente alertó sobre la posibilidad de que se desarrollaran episodios de violencia en torno al instituto patria.
