El Tribunal Penal 1 de Eldorado, Misiones, condenó este miércoles a 20 años de prisión a María Ovando por haber permitido o no haber impedido los abusos sexuales de dos niñas de su entorno familiar, en un fallo que la defensa consideró “escandaloso”, por lo que anticipó que apelará y recurrirá a organismos internacionales de Derechos Humanos.
Además, los mismos jueces sentenciaron a dos jóvenes allegados a Ovando, Marcos Laurindo y Lucas Ferreira, a 18 y a 12 años de cárcel, respectivamente.
Ovando quedó detenida inmediatamente y en la puerta del juzgado la policía “reprimió violentamente a la prensa y a la familia que quiso acercarse a María”, contó José Luis Fuentes, uno de los abogados de Ovando.
Fuentes es parte del Equipo Misionero de Derechos Humanos, organización que calificó el fallo como “arbitrario, ilegal y escandaloso” y consideró que el Tribunal “validó” la investigación fiscal “a pesar de que no pudo precisar el tiempo, el modo ni el lugar en que habrían ocurrido los hechos”.
Asimismo, el Tribunal integrado por Lyda Gallardo, Teresa Ramos y Eduardo Jourdan “acogió el pedido del fiscal Federico Rodríguez y avaló un agravamiento de la carátula”, añadió la organización.
Además, el equipo legal anticipó que “mañana” van a apelar el fallo y a pedir la excarcelación de Ovando apoyándose “en su derecho a permanecer en libertad hasta el dictado de sentencia definitiva”, cuyos fundamentos se conocerán el 11 de noviembre.
“No descartamos llevar el caso a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”, agregaron.
No es la primera vez que la justicia condena a esta mujer que siempre vivió en situación de extrema vulnerabilidad y que fue violentada desde niña.
En 2012, Ovando fue juzgada y absuelta -tras haber estado un año y media presa- por “abandono de persona agravado por el vínculo” tras la muerte de su hija de 3 años a consecuencia de un cuadro de desnutrición, la que falleció en sus brazos mientras intentaba llegar a un hospital de la zona.
Ese año, el Encuentro Nacional de Mujeres se realizó en Posadas, la capital de Misiones y allí se conoció la realidad de María, y se difundió más allá de las fronteras provinciales.
Fueron los movimientos feministas y organizaciones de derechos humanos quienes la acompañaron, lograron que tuviera representación legal y la posterior absolución.
“María vivía en la extrema pobreza, a los 37 años había parido 12 hijos. Fue madre a los 14 años, parió sus primeros hijos e hijas en medio de golpes y en algunos casos en la más extrema soledad. El Estado solo apareció en su vida para juzgarla”, relataron desde el Equipo.
Luego de su absolución en 2012, ella inició una causa civil contra el Estado, contra el juez de esa causa, Roberto Saldaña y el fiscal, por daños y perjuicios por el tiempo que estuvo presa injustamente.
En esta nueva causa, este miércoles se la condenó por “haber permitido o no haber impedido el abuso sexual de las niñas de su familia, cuando las mismas ya no vivían con ella por disposición de la jueza Margarita Potschka, quien en una audiencia realizada el 10 de marzo de 2015, con graves irregularidades, decidió retirarle la guarda y entregárselas a los supuestos abuelos paternos”, explicaron sus abogados.
El proceso es complejo por la imprecisiones de la investigación: se inició en 2015 a partir de la denuncia de la abuela paterna, pero los abusos habrían ocurrido cuando ya no convivían con Ovando; finalmente, el fiscal elevó la causa a juicio el año pasado.
Mientras, Ferreyra y Laurindo que también fueron condenados durante esta jornada, llegaron al juicio con una prisión preventiva de 5 años vencida; el primero fue novio de una hija de María y el otro amigo de la familia.
La justicia “lejos de investigar la verdad y proteger a las niñas falla para encubrir la gran cantidad de irregularidades cometidas por los agentes judiciales en este caso”, resaltaron desde la defensa.
Fuentes reconoció que esperaban “un fallo absolutorio”.
“No hubieron pruebas que se desarrollen en su contra y, al contrario, nuestra hipótesis de que podría haber sucedido en el entorno de la guardadora denunciante, fue comprobada hasta el último día de audiencia, donde apareció un expediente que había un condenado en las misma fecha concomitante, entonces teníamos tranquilidad en ese sentido y nos sorprendió totalmente”, afirmó.
“También hay una cuestión muy significativa: María fue detenida inmediatamente, nosotros habíamos realizado una presentación teniendo en cuenta que ella todas las veces se había presentado, sin embargo el tribunal determinó su inmediata detención lo cual también es algo muy grave, violatorio del derecho interno e internacional”, añadió.
El abogado resaltó que “se le dio todo lo que pidió el fiscal que, audiencia tras audiencia, llevó adelante su imputación con un discurso de odio, carente absolutamente de perspectiva de género y de derechos”.
Por su parte, la antropóloga Ana Gorosito, quien participó este miércoles en Posadas de una manifestación que llevaron adelante organizaciones sociales y feministas pidiendo la liberación de Ovando, consideró “insólito” el fallo judicial.
“Son penas altísimas de prisión por una causa que está mal armada, donde el fiscal no ha presentado ni una sola prueba”, expresó.
“Estamos ante un varadero escándalo judicial”, afirmó la profesional, que sostuvo que “esto debe conmover al sector sano del Colegio de Abogados y en general de los operadores de justicia en Misiones”.
La inclusión de la perspectiva de género y derechos en la investigación y la liberación de Ovando fueron pedidas en una nota firmada por 16 mil personas y organizaciones del país.
En el mismo sentido se pronunció el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el Parlamento del Mercosur.
Desde el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género manifestaron que van “a seguir luchando por justicia y reparación para quienes hoy fueron condenados y para las hijas y la nieta de María Ovando”.
