La ex presidenta Cristina Kirchner y el ex canciller Hérctor Timerman pidieron hoy que la Cámara Federal de Casación Penal habilite la feria para tratar la apelación que ambos hicieron contra sus procesamientos por encubrimiento de la investigación del atentado a la Amia.
Lo hicieron a través de la abogada Graciana Peñafort, para que la Sala de Feria habilite el plazo para que se empiece a evaluar la apelación, luego de que a fines de diciembre pasado la Cámara Federal confirmara sus procesamientos en la investigación iniciada por la denuncia del fallecido Alberto Nisman.
La habilitación de feria para tramitar la causa ya había sido dispuesta por el juez federal Claudio Bonadio, pero la defensa entendió que debía replicarse lo mismo en las superiores instancias, como la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene pendiente resolver las apelaciones de las defensas.
El 8 de enero pasado Cristina Kirchner y Timerman apelaron los procesamientos con prisión preventiva por encubrimiento de Irán en el ataque a la Amia que había dictado Bonadio.
Días atrás, el juez subrogante Sergio Torres revocó la prisión preventiva del ex ministro de Relaciones Exteriores por «cuestiones humanitarias», ante su grave estado de salud, para que pudiera viajar a los Estados Unidos para tratarse de su enfermedad.
Poco antes del receso, la Cámara Federal había ratificado los procesamientos con prisión preventiva de la ex presidenta, Timerman, Carlos Zannini, del dirigente Luis D´Elía, del ex líder de Quebracho Fernando Esteche y del representante de la comunidad islámica en el país Jorge Khalil, a raíz de la denuncia por presunto encubrimiento de Irán presentada por Nisman cuatro días antes de morir.
En tanto, confirmó los procesamientos sin prisión preventiva del ex titular de la AFI Oscar Parrilli y del diputado Andrés Larroque, por los delitos de «estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado.
«En definitiva, por sobre el arraigo, vínculos familiares, y la actividad de presentarse al ser convocados (que todos exhibieron), existen razones fuertes de diferente tenor que justifican holgadamente la presunción de riesgo procesal», explicaron los camaristas.
Para justificar la decisión, agregaron que «la gravedad de los cargos que pesan contra los imputados es indudable» y que «las evidencias sobre el modo de ejecución de los hechos y sus características demuestran, por todos lados, que se usó cualquier medio al alcance para evitar dejar rastros del delito».
La ex jefa de Estado está acusada de «impartir personalmente las instrucciones al resto de los imputados» para «favorecer a los acusados iraníes» a través de la firma del acuerdo bilateral con Irán, que nunca se aplicó y fue declarado finalmente inconstitucional.
