Este jueves, tras un megaoperativo en el que intervinieron fuerzas de la Policía Federal Argentina (PFA), de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), e incluso funcionarios del gabinete nacional, fue detenido en San Lorenzo, junto a otras seis personas, el presidente de la Cooperativa de Trabajo de San Lorenzo y ex titular del Sindicato de Portuarios de Puerto General San Martín, Herme Juárez.

El procedimiento fue ordenado por un juzgado de Campana, que investiga delitos económicos. Se allanaron 30 domicilios en San Lorenzo y Puerto San Martín, en el marco de la causa por presunta asociación ilícita, defraudaciones, y malversaciones de caudales públicos y privados.

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La noticia escaló rápidamente en la agenda, tanto de medios regionales como a nivel nacional, y rápidamente algunos empezaron a hacer circular fotos de Juárez con políticos santafesinos.

En general se omitió en esa mención al candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, como así también la estructura de poder detrás de Juárez, o más bien detrás de los flujos financieros que atraviesan la zona del puerto, de seguro lo más interesante de analizar con la irrupción de este caso en las primeras planas.

En diálogo con Conclusión, el periodista y diputado provincial, Carlos Del Frade, que ha investigado en profundidad los vínculos entre grandes exportadoras del territorio provincial y representantes del poder público, no dudó en aseverar que si bien “hay una cuestión personal de Juárez” y “debe hacer aclaraciones sobre su gran riqueza patrimonial”, por la forma en la que se utiliza la noticia, “es una factura política, un capítulo en vivo y en directo del Tigre Verón”.

“Es lo que logra el macrismo con esto, las primeras fotos que empiezan a circular. Hay una clara intencionalidad política de mostrar a sindicalistas teñidos de corrupción en medio de lo que se está jugando el macrismo, en una provincia como Santa Fe, donde ocho de cada diez, en las últimas elecciones, no votamos a Macri”, expresó el legislador del Frente Social y Popular.

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Del Frade se encargó de resaltar que la cuestión fundamental detrás de la discusión, más allá de lo individual, es “el enorme volumen del flujo del dinero que pasa por el puerto”.

“Detrás de este personaje, lo que está en el contexto es flujo de dinero: sale el 70 por ciento de las exportaciones de Argentina, y al miemos tiempo, todo lo político que va condicionando ese flujo de dinero. La cuestión portuaria ha definido la historia de los últimos 200 años. El control está definido: las grandes empresas exportadoras. Por eso desarticularon el Senasa. Queda clara la imposición de un modelo a partir de puertos y aeropuertos, donde las grandes empresas terminan manejando el país. Alguna vez se dijo: país que no controla sus puertos es país dependiente”, se explayó el investigador.

El diputado provincial aseguró que solicitará un pedido de informes en la Legislatura santafesina “para que se investigue todo lo relativo a negocios portuarios en los últimos 20 años”, aseguró.

Un poco de historia

“La cooperativa se instala hace 50 años en Puerto General San Martín, era muy humilde todo, y a partir de la década del 90′ comienza a hacerse muy fuerte, porque comienza a venderse el servicio de estibaje a todas las exportadoras. El polo agroexportador nuestro empieza a hacerse a partir del 86′, cuando se instala la terminal 6 en Puerto. Desde entonces son 30 años de permanente crecimiento del sector exportador y en forma consiguiente, de la cooperativa, que brinda mano de obra a esas firmas”, narró Del Frade respecto a los inicios de la entidad, hoy allanada y con su cuenta bancaria bloqueada.

Y siguió: “El poder de Juárez se hizo muy evidente, en los últimos diez años empezó a tener serias críticas de parte de algunas aceiteras, en especial de parte de Vicentín, con (Alberto) Padoán a la cabeza, acusado de subir permanente el costo de la mano de obra de estibaje, con lo cual hubo enfrentamientos duros hasta que se produjo en la provincia del Chaco un asesinato que se usó mucho para desprestigiar a Juárez, porque supuestamente fue en un campo donde tenía intereses. Ahí bajó el perfil, se dejaron de hacer algunas denuncias de parte de Vicentín, pero en forma paralela se aprecia que por los puertos de la zona, entra y sale cualquier cosa, lo venía diciendo la DEA desde el 98′.”

Respecto a los últimos años, el legislador provincial detalló a Conclusión: “Cuando viene (la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia (Bullrich) por primera vez, en 2016, hace una declaración muy fuerte, diciendo que hacía 14 años Prefectura no se metía en terminales privadas, realmente impactante. Paralelamente a la cuestión personal de Juárez, hay negocios políticos portuarios que se han desarrollado en los últimos 50 años, con el agravante de que con el macrismo se desarticuló el Senasa: cada vez hay menos controles del estado sobre lo que entra y sale de los puertos.”

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Por último, Del Frade enfatizó que “la cooperativa da, en forma directa, 1.500 puestos, e indirectamente otros 4.000; harían un desastre si la cierran, sería una hecatombe social en la zona de Puerto San Martín y San Lorenzo. Tiene muchas aristas, por eso es tan interesante ver esto en profundidad, más allá del discurso del gobierno, que claramente ha sido responsable estos años de desproteger los puestos a favor de empresas exportadoras, y en forma paralela todo lo que creció Juárez es porque lo dejaron creer, hacer y deshacer, así que no es sólo una cuestión de Juárez.”