Abogados alertan por riesgos institucionales en la reforma laboral
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal envió una nota al Congreso en la que expresó su “profunda preocupación” por el proyecto que ya tiene media sanción del Senado. Advirtió que algunas modificaciones podrían afectar el ejercicio profesional y vulnerar derechos constitucionales.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) manifestó su preocupación por la reforma laboral que avanza en la Cámara de Diputados y alertó sobre posibles riesgos institucionales. A través de una nota enviada al jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, la entidad sostuvo que determinadas medidas podrían impactar no solo en el ejercicio independiente de la abogacía, sino también en la vigencia de derechos y garantías constitucionales.
En ese sentido, el Colegio, presidido por Ricardo Gil Lavedra, advirtió que las modificaciones impulsadas en el proyecto podrían afectar directamente el ejercicio de la abogacía laboral. Además, subrayó que cualquier reforma en materia de trabajo debe respetar el bloque de constitucionalidad federal y los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos laborales.
Asimismo, los profesionales cuestionaron particularmente las enmiendas a los artículos 20 y 277 de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo). En concreto, criticaron la incorporación de la figura de la “pluspetición inexcusable” con un criterio objetivo, ya que podría derivar en la responsabilidad solidaria del letrado por el pago de costas ante supuestas sobreestimaciones de créditos reclamados.
Según señalaron, la ambigüedad del concepto genera un riesgo patrimonial directo para quienes ejercen la defensa técnica de los derechos laborales y, al mismo tiempo, establece un trato diferencial respecto de otras ramas del derecho. Por lo tanto, consideraron que la medida podría desalentar la representación legal en reclamos laborales.
Además, el CPACF manifestó su preocupación ante la posibilidad de habilitar el pago en cuotas de sentencias laborales, incluidas aquellas vinculadas a créditos de naturaleza alimentaria y honorarios profesionales.
A su entender, esta disposición colocaría tanto a trabajadores como a abogados en una situación más gravosa que la de otros acreedores judiciales.
En definitiva, la entidad remarcó que, de aprobarse ciertas disposiciones, no solo se vería afectado el ejercicio independiente de la abogacía, sino también la plena vigencia del Estado de Derecho.