Ahora indagarán a Vaudagna por presuntas irregularidades con el alquiler de la sede Santa Fe de Arca
El ex director de la ex Afip en Rosario y la capital provincial, imputado por corrupción en la causa que terminó con el juez Bailaque detenido, será acusado por presuntos negocios irregulares con un fideicomiso inmobiliario, por más de $500 millones. También lo procesaron por tráfico de influencias.
El exdirector de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) de las sedes Santa Fe y Rosario, Carlos Andrés Vaudagna -imputado arrepentido en causas de corrupción vinculadas al exjuez federal rosarino Marcelo Bailaque y acusado en otra causa por manipular datos oficiales para perjudicar a comerciantes- será indagado a fines de noviembre junto a otros dos funcionarios del organismo recaudador y dos socios de un fideicomiso inmobiliario. En esa investigación, está sospechados de irregularidades en una licitación que favoreció el alquiler del edificio donde funcionan las oficinas de Arca en la capital provincial. Para los fiscales, de 2013 a 2015 se detectó un perjuicio patrimonial a la administración pública por 544.281.716 pesos.
El Juzgado Federal N°1 de Santa Fe, a cargo del juez Aldo Alurralde, hizo lugar al pedido de indagatoria de Vaudagna junto con el del exjefe de la Sección Administrativa de la Regional Santa Fe de la ex Afip, Carlos Barrale; el agente del mismo organismo, Diego Raúl Cignetti; y a los socios del Fideicomiso La Plaza, Céar Jorge Bsereni y Carlos Miguel Bsereni.
La investigación la lleva adelante el fiscal Walter Rodríguez y la fiscal coadyuvante Milagros Traverso, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
A Vaudagna y Barrale se les imputa el direccionamiento irregular de la licitación pública 5/2010, como autores del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y abuso de autoridad. Respecto de las gestiones indebidas realizadas con posterioridad (la licitación 7/2015), a Barrale se lo imputa como autor, y a Vaudagna como partícipe necesario.
Respecto de Cingetti, en los hechos mencionados en último lugar (gestiones indebidas) se lo imputa del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en calidad de partícipe necesario; y a los empresarios Bsereni por el mismo delito, también como partícipes necesarios, por el aporte criminal efectuado para llevar a cabo las maniobras objeto de imputación, informó el Ministerio Público Fiscal.
Licitación direccionada
Los fiscales describieron una “presunta puesta en marcha de procesos de licitaciones irregulares y direccionados, llevados a cabo por Vaudagna con la intervención del agente Cignetti “bajo la justificación y amparo de una primera licitación” para alquilar un inmueble al que se trasladó la sede Santa Fe de la ex Afip.
“El proceso licitatorio (5/2010) derivó en la adjudicación a Fideicomiso La Plaza a cargo de los empresarios Bsereni”, quienes proveyeron el inmueble de calle Salta 2771 donde funciona Arca en la actualidad. Para los fiscales, la maniobra fue concretada en dos tramos. El primero, mediante la inclusión en el pliego de bases y condiciones “de una condición arbitraria que estableció un orden de prelación excluyente entre las alternativas ofertadas”.
Y el segundo, “a través de la modificación -durante la tramitación del proceso licitatorio- de los requisitos técnicos de contratación establecidos en el pliego, como así también de involucramientos irregulares tendientes a lograr el resultado indicado, en clara violación al principio de competencia que perjudicó a otro competidor”. Es decir, se trataría de una licitación direccionada para que la ganara un oferente ya establecido previamente. Fideicomiso La Plaza ganó la licitación y Vaudagna firmó el contrato de alquiler el 1° de abril de 2013 por $7.128.000.
Sin contrato, por cifras millonarias
A Barrale, Vaudagna y Cignetti, los fiscales le endilgan “haber realizado gestiones indebidas a fin de continuar la vinculación contractual con el Fideicomiso La Plaza en el marco del trámite de la Licitación Pública N°07/2015, iniciada el 25 de agosto de 2015 con el objeto de alquilar el inmueble de calle Salta”.
Esa licitación fracasó, pero el vínculo entre la ex Afip y su continuadora Arca con el Fideicomiso La Plaza, por montos millonarios, continuó. Para ello, se utilizó la figura del “legítimo abono”, considerada de carácter excepcional, pero que fue empleada de modo sistemático y permanente “desde marzo 2016 hasta el día de la fecha, configurando un mecanismo irregular de sostenimiento del vínculo económico”, dijeron los fiscales.
Además, indicaron que entre abril de 2016 y enero de 2025 “se efectuaron pagos por legítimo abono en favor del Fideicomiso La Plaza que, al ser confrontados con los valores actualizados por los índices de Precios al Consumidor (IPC) y de Precios Mayoristas (IPCM), arrojaron una diferencia acumulada de 544.281.716 pesos, a valores de junio de 2025”.
En la investigación, hicieron constar que eso “evidencia un perjuicio patrimonial concreto y significativo para el Estado Nacional que no puede ser justificado bajo la invocación de la urgencia administrativa”.