La Cámara Penal de Rosario confirmó este jueves la decisión del juez Nicolás Foppiani quien había rechazado la presentación de la Agencia de Criminalidad Organizada para citar a declarar a funcionarios de Entre Ríos por las quemas en las islas.

La presentación llevaba la firma de los fiscales Matías Edery, Matías Ocariz y Luis Schiappa Pietra y de la fiscal regional María Eugenia Iribarren. Se trataba de un requerimiento para fijar una «audiencia de cese antijurídico» en el que fueran citadas las autoridades entrerrianas que tienen la responsabilidad de tomar medidas para evitar y combatir los incendios intencionales y los perjuicios que conllevan para la población. Los funcionarios judiciales argumentaron en ese momento que esos incendios afectan a la salud de los habitantes de Rosario y sus alrededores y dicha audiencia tenía como fin que se «cese de cometer un delito». En ese sentido, fundamentaron que «hay competencias concurrentes entre provincia y Nación: el incumplimiento de deberes de funcionario público y las lesiones a la salud que producen las quemas».

Sin embargo, el juez Nicolás Foppiani rechazó de plano el requerimiento de los fiscales porque entendió que la Justicia provincial no tenía la competencia para intervenir en el tema, ya que las quemas son de competencia federal.

En ese momento, la resolución de Foppiani fue apelada y los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada adujeron que la decisión fue tomada sin escuchar sus argumentos y que independientemente de la causa federal, entienden que tienen  el deber de investigar los delitos de lesiones y daños a la salud de los rosarinos y el posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Un nuevo NO

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de apelación, en la cual el fiscal Matías Edery tomó la voz de la Agencia y explicó que el MPA recibió numerosas denuncias que fueron remitidas al fuero federal y también se recibieron denuncias por lesiones por afectación a la salud. Es por eso que se buscaba hacer un equipo común con la Justicia federal y la provincial , ya que en el mes de agosto fue uno de los sucesos mas importante habiendo contaminación ambiental por los niveles de humo.

Esa es la razón por la que se presentó cese de estado antijuridico y se le solicitó al juez Foppiani una audiencia para solicitar una serie de medidas. Edery señaló que se rechazó la solicitud sin escuchar los fundamentos por los cuales entendían que la Justicia provincial era competente.

Pese a esta argumentación, la jueza de Segunda Instancia Carina Luratti le dio la razón a Foppiani y coincidió en la falta de competencia, por lo que resolvió rechazar la apelación,