La Oficina de Violencia contra la Mujer del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de Rosario cuestionó el archivo de una causa por violencia de género en la que se investigan las agresiones sufridas por una mujer por parte de su expareja. Como el CAJ recurrió la decisión del juez de primera instancia, ahora debe resolver la Cámara de Apelaciones.
En noviembre, el juez penal encargado del proceso determinó lo que se conoce como “archivo jurisdiccional de la causa” que investiga la violencia física de la que fue víctima Fernanda Serna, con el argumento de que no había evidencia suficiente sobre el hecho denunciado. Las abogadas del CAJ de Rosario, María Noel Severo y Juliana Tagliatti, plantearon durante una audiencia de apelación que la decisión del magistrado había sido arbitraria en tanto existen evidencias de que el hecho se produjo y, además, hay elementos de prueba suficientes para mantener el estado de sospecha sobre la expareja de Serna.
Las letradas alegaron que el juez de primera instancia había realizado una valoración parcial y recortada de la evidencia obrante en el legajo fiscal, dado que se basó exclusivamente en un informe elaborado a partir de una junta psicológica a la cual fue sometida Serna. Pero dicha instancia de análisis se caracterizó por una total ausencia de la perspectiva de género, remarcaron las profesionales.
Tagliatti y Severo, de la Oficina de Violencia contra la Mujer, manifestaron que el magistrado desconoció las particularidades del contexto en el que se dan los casos de violencia de género. “En la mayor parte de los casos de violencia de género, el delito se comete en la intimidad del hogar, por lo que habitualmente no existen testigos. Por esa misma razón, la jurisprudencia viene aplicando el principio de amplitud probatoria, debiendo considerarse todas las evidencias en su conjunto y de forma armoniosa”, sostuvieron.
En tanto, el director provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial, Fernando Sirk Marezca, quien también se encontraba presente en la audiencia, valoró “el esfuerzo realizado por las profesionales del CAJ. Es importante que el Estado provincial ponga a disposición de las víctimas todos los recursos que sean necesarios para reparar, en la medida de lo posible, las consecuencias negativas del delito” y concluyó que espera “que la justicia reconsidere esta decisión”.
Por su parte, Fernanda Serna, quien ha fundado una asociación civil que lucha contra la violencia de género (Asociación de Mujeres Resilientes), se mostró agradecida por el trabajo del CAJ y esperanzada en que, a partir de los argumentos planteados por sus abogadas, la Cámara de Apelaciones reconsidere el archivo de la causa.
OFICINA ESPECIALIZADA
La Oficina de Violencia contra la Mujer, integrada por abogadas expertas en la materia, tiene por objetivo mejorar el servicio de acceso a la justicia en un contexto de demanda creciente de asistencia de parte de mujeres víctimas. La institución ya venía asistiendo a víctimas de violencia de género y constituyéndose como querellante en una importante cantidad de casos.
“La creación del espacio ha permitido aumentar la capacidad de respuesta en estos casos. Además, la especialización de los profesionales en una materia específica deviene en una mejora en la calidad de asistencia brindada, principalmente en lo que refiere a las estrategias de litigación penal”, señaló Sirk Marezca, quien tiene a su cargo los cinco Centros de Asistencia Judicial de la provincia.
LOS CENTROS DE ASISTENCIA JUDICIAL
Los CAJ se proponen garantizar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, ofreciendo contención, respuesta y acompañamiento a víctimas de delitos, así como el servicio de mediación penal. Están situados en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Tostado, Reconquista y Vera.
En cada uno de ellos, el usuario puede presentarse solicitando respuestas para diferentes problemas, en tanto víctima o testigo de un delito. De esa manera comienza a recorrer un camino con el apoyo y asesoramiento técnico de profesionales (abogados, trabajadores sociales y psicólogos).
El sistema fomenta una respuesta precoz e integral, cubriendo a las personas damnificadas por delitos y eventualmente a sus familiares y referentes próximos, siempre de cara a garantizar los derechos de las víctimas a la información, la justicia y la reparación.
