El origen de los misteriosos U$S 250.000 de un directivo de Vicentin se investigará en la Justicia Federal
El dinero fue secuestrado en 2021 en una caja de seguridad a nombre de un hijo de Omar Scarel, directivo de la agroexportadora. El ex titular de la Afip, Carlos Vaudagna, dijo falsamente que eran de él.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que el Juzgado Federal de Reconquista es el tribunal competente para continuar la investigación por presunto lavado de activos iniciada tras el hallazgo de U$S 250 mil en una caja de seguridad, allanada en marzo de 2021, que involucra al ex director regional Rosario y Santa Fe de la ex Afip (hoy ARCA) y a Omar Scarel, miembro del directorio en ese momento de la agroexportadora Vicentin.
El máximo tribunal adoptó esa resolución a partir de un planteo de inhibitoria realizado por el titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, el fiscal federal Roberto Salum, y en línea con lo dictaminado por el procurador general de la Nación interno, Eduardo Casal. El caso también se investigó en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario en la causa por presuntas estafas de Vicentin, pero ahora la Corte entendió que se trata de una caso de posible lavado de activos y corresponde su investigación en la Justicia Federal.
La causa tiene como eje la presunta confección de un contrato de depósito falso que, según la hipótesis acusatoria, habría sido utilizado para dotar de apariencia lícita al dinero encontrado. En la pesquisa se detectaron maniobras que constituirían lavado de activos relacionadas con Vicentin SAIC, un directivo de la firma y uno de sus hijos, un abogado, una escribana y con el exdirector regional de la ex Afip Rosario, Carlos Vaudagna, quien también imputado en una causa por corrupción y pedido de coimas a empresarios junto al exjuez Marcelo Bailaque, y al financista Fernando Whpei.
Justificación ficticia
Salum inició una causa a partir de la publicación, en medios de prensa, de la transcripción de una intervención telefónica en la que el ex síndico de Vicentin, Omar Scarel, era asesorado por un abogado para poder retirar dinero secuestrado en una caja de seguridad a nombre de una sociedad integrada por uno de sus hijos, y diagramaban la forma para justificar ficticiamente ese dinero.
Para concretar la maniobra, se confeccionó una escritura -que luego se determinó que era falsa- en la que se certificaba que Vaudagna había entregado 250 mil dólares en efectivo al hijo de Scarel para realizar una operación inmobiliaria indeterminada. El dinero estaba en una caja de seguridad del hijo del directivo de Vicentin, que debía justificarlo.
La justicia provincial inició actuaciones por la presunta falsedad de documento público -la escritura- imputó por esos hechos a los intervinientes y resolvió la situación del ex funcionario de Afip con una probation.
Sin embargo, y luego de obtener copias de esas actuaciones, el fiscal federal Salum formuló un planteo de inhibitoria para que la causa tramite en el Juzgado Federal de Reconquista. La Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario rechazó ese planteo, mientras que la Cámara Federal de Resistencia había avalado la postura del Ministerio Público Fiscal y reconocido la competencia federal. Así el conflicto llegó a la Corte
El dictamen y el fallo
En su dictamen, el procurador Casal sostuvo que “la hipótesis del fiscal federal se condice con el objeto del requerimiento de instrucción formulado en el expediente”. Entre sus argumentos, puntualizó que “la confección del falso contrato de depósito por la suma de doscientos cincuenta mil dólares habría tenido la finalidad de otorgar apariencia de licitud” al dinero secuestrado en el allanamiento efectuado el día 9 de marzo de 2021 en una caja de seguridad del hijo de Scarel.
“Ello habría sido el resultado de la planificación que quedó plasmada en las transcripciones de las escuchas telefónicas, y esos hechos son idénticos a los descriptos en la carpeta judicial tramitada en los tribunales provinciales”, añadió el titular del MPF.
Sostuvo además que los hechos investigados en el fuero provincial guardaban “identidad fáctica” con los que se analizaron en el fuero federal, lo que impedía que ambos procesos avanzaran de manera paralela sin afectar el debido proceso. Con la firma de sus tres integrantes, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal determinó que la competencia corresponde al Juzgado Federal de Reconquista, ante la hipótesis de lavado de activos.
El caso
En la investigación que hizo la fiscalía provincial de Rosario sobre Vaudagna, se lo imputó por el delito de falsedad ideológica de la escritura. Se advirtió que el jefe de la exAFIP había aceptado que eran suyos 250.000 dólares hallados en una caja de seguridad del hijo de Scarel, y que lo había dejado como parte de una operación con una inmobiliaria.
Según los fiscales, era una maniobra para evitar que Scarel padre enfrentara otra causa por lavado de dinero. Ese legajo judicial terminó con una probation para Vaudagna.
Pero al conocerse públicamente la transcripción de mensajes entre Scarel y Vaudagna sobre las maniobras, el fiscal Salum advirtió que podría configurar el delito de lavado de activos, y que esa resolución alternativa no podía favorecer a ningún funcionario público, como lo era un director de la ex Afip, por manifiesta prohibición legal.
Las escuchas
El 29 de diciembre de 2021, Scarel llamó al abogado Sergio Pavicich para pedirle asesoramiento sobre cómo proceder ante la interdicción establecida por el fiscal Miguel Moreno a una caja de seguridad a nombre de su hijo, en la que se secuestraron los 250 mil dólares.
Este fue el diálogo que se produjo:
– Scarel: Yo tengo a mi hijo con el tema de la caja de seguridad ¿Cómo ves el tema de la caja de seguridad?
– Pavicich: Y, si vos no tenés nada raro adentro yo te diría que le metas para adelante, que le hagas un pedido al fiscal.
– S: Sí, pero lo que pasa es plata, ese es el tema.
– P: ¿Y qué origen tiene?
– S: Qué se yo.
– P: ¿Es mucha?
– S: Son 200 más o menos, verdes.
Scarel se queja porque, dice, el fiscal “no tendría por qué meterse con cosas que no corresponden a la causa”, pero el abogado le responde: “Y sí, porque es fiscal, porque el lavado es delito de orden público y si vos no tenés respaldo de esa guita, lamentablemente te tengo que decir que te la van a secuestrar”.
Entonces comienza un ida y vuelta para buscar cómo justificar el dinero interdicto en la caja de seguridad bancaria.
– Scarel: ¿Y qué respaldo podría tener?
– Pavicich: Un contrato de compra-venta por supuesto precio que vos cobraste, o una seña que vos recibiste.
– S: Y podría ser, por ejemplo, una certificación contable de fondos de la empresa. – P: Sí, podría ser, pero eso no acredita el origen.
– S: No, no, ¿el origen cuál es el problema? Yo le digo que esta caja es de la compañía.
– P: Pero tiene que haber algo en blanco. Ahí estaba pensado eso en lo que me preguntaste, en realidad una certificación contable de origen de dígitos de fondos sirve para pocas cosas y no sirve para eso. Lo que te digo que tendrías que tener es algún documento que respalde en fecha cercana al último acceso a la caja el ingreso de los fondos.
Más adelante, el directivo de Vicentin y el abogado barajan posibilidades para justificar el dinero, que está en la caja de un hijo de Scarel que tenía la franquicia de la inmobiliaria Remax en Rosario. Pero Scarel planteó un problema adicional, y era que el dinero guardado estaba en sobres con nombres.
– Scarel: Lo que pasa es que adentro de esa cajita hay plata, el tema es como aparte hay sobres que dicen ‘ésta es de Omar, ésta es de Tito, ésta de Juancito’, sobrecitos anotados que son los socios. Yo lo que digo es, bueno, la empresa recibió fondos o por préstamos o por mutuo o por inversión o por lo que sea.
– Pavicich: Por reservas, por lo que fuere.
– S: Por reservas o por los que fuere, y después cada uno de los socios retiró a cuenta o tomó un préstamo con la compañía. El problema es que se abren la caja y encuentra sobre y dice ‘éste es Sergio’. ¿Y éste quién es? Bueno, este es el socio que retiró esa guita.
– P: ¿En el sobre hay alguna anotación además de decir un nombre?
– S: No, un nombre tiene el sobre, cada uno tiene su nombre. Ahí es donde se me complica.
– P: Habría que imaginar (en) qué medida la plata de la sociedad podría estar siendo afectada, o explicar cuando llegue el momento que la plata iba a ser para pagar futuras utilidades y que estaba siendo reservada a nombre de cada uno de los integrantes de la sociedad.
Finalmente, según explicó el fiscal Moreno, en la causa apareció un certificado firmado por Vaudagna en el que afirmaba que el dinero era suyo y que lo había dejado como parte de operaciones con Remax. Luego, la investigación determinó la falsedad de ese documento.