A lo largo de 2016 «se consolidó la baja en la cantidad de sentencias y de nuevos sentenciados por año» en juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, mientras que hubo una «tendencia creciente en el número de imputados con arresto domiciliario».
Así lo indicó el informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que analizó también las dificultades en el trámite de los expedientes y, en ese sentido, advirtió que «es preocupante que la mitad de las causas se encuentran en etapa de instrucción, así como las demoras y los estancamientos en la instancia de juicio».
Un primer problema que se detalla es que «se consolidó la baja en la cantidad de sentencias y de nuevos sentenciados por año»: el pico histórico se registró en 2012 y 2013, con 25 veredictos por año, mientras que desde entonces el número descendió (en 2014, se dictaron 21; en 2015, 20, y hasta el 20 de diciembre pasado, un total de 19).
Durante 2016, fueron sentenciados 161 imputados (136 condenados y 25 absueltos), por lo que en comparación con 2015 (117 condenas y 10 absoluciones), esa cantidad se incrementó: sin embargo, solamente, 95 de los 161 imputados sentenciados en 2016 lo fueron por primera vez.
En instancia de debate o plenario, son 248 los procesados que están siendo enjuiciados y 160 de ellos no han sido sentenciados previamente.
La segunda dificultad que señaló el Ministerio Público Fiscal son las «demoras en el inicio y el final de las causas»: según los datos dados a conocer, los plazos extensos de las investigaciones en la etapa de instrucción «tienen efectos concretos en el desarrollo del proceso».
«Nuevas investigaciones implican la ampliación del universo de imputados, lo cual permite una comprensión más amplia de la represión ilegal y sus autores, pero las constantes demoras engrosan el número de causas que están muy lejos de obtener sentencia», se advirtió.
Por otra parte, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad indicó que continúa la lentitud de las instancias de revisión: apenas 25 por ciento de los condenados (187) y el 17 por ciento (13) de los absueltos tienen su sentencia firme.
Al 20 de diciembre de 2016, se registraron un total de 585 causas, en las que son (o fueron, hasta su fallecimiento) investigados 2771 imputados: existen otras 249 causas que fueron acumuladas en alguna fase de la investigación.
Los datos surgen del diagnóstico elaborado por la Procuraduría a cargo del fiscal federal Jorge Auat y coordinada por Carolina Varsky a partir de la información remitida por los fiscales de todo el país.
«Se han profundizado ciertas tendencias que se presentaban desde el 2014: menor cantidad de sentencias y por consiguiente de nuevos imputados sentenciados por año, mayor cantidad de excarcelaciones o de detenciones bajo la modalidad de arresto domiciliario.
De hecho, durante 2016, aumentó en 80 el número de imputados con arresto domiciliario, «una cifra significativa que terminó por invertir la relación entre los datos, especialmente durante el segundo semestre»: así, 1141 imputados (41 por ciento) atraviesan el proceso judicial libres; 1052 (38 por ciento) se encuentran detenidos; mientras que 533 (19%) fallecieron y 45 (dos por ciento) permanecen prófugos.
Los números a nivel nacional
Desde 2006, tramitan ante la Justicia federal 585 causas en las que se investiga la responsabilidad de un total de 2.771 imputados por delitos de lesa humanidad.
De ese total de expedientes, el 47 por ciento (277) todavía se encuentra en etapa de instrucción; el 30 por ciento (173) obtuvo sentencia, de las cuales, 87 se encuentran aún en instancia de revisión por la Cámara Federal de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el 20 por ciento (119) se encuentran elevadas a juicio, aunque sólo seis tienen fijada fecha de inicio del debate.
Hay, además, 16 juicios en curso, que representan el tres por ciento del total de causas.
En tanto, el 29 por ciento (806) de los acusados se encuentra procesado; el 26 por ciento (733) fue condenado; el 17 por ciento (462) falleció antes de ser sentenciado; el 15 por ciento (408) está imputado; al seis por ciento (155) se le dictó la falta de mérito; el tres por ciento (78) resultó absuelto; el dos por ciento (52) fue sobreseído; hay 30 personas (uno por ciento) que fueron recientemente indagadas, y otras tres que fueron declaradas incapaces.
Por último, el informe repasa los «hitos del 2016 en el proceso de justicia», en los que se destacan los tres funcionarios judiciales condenados: los exjueces federales Luis María Vera Candioti en Santa Fe y Roberto Catalán en La Rioja y el exfiscal federal Gustavo Demarchi en Mar del Plata, por su participación en el terrorismo de Estado.
Además, subrayó la sentencia del empresario dueño de La Veloz del Norte, Marcos Jacobo Levín, por la privación ilegítima de la libertad y las torturas padecidas por el entonces delegado gremial Víctor Manuel Cobos; las condenas en el juicio oral por los crímenes cometidos en el marco de la alianza criminal continental conocida como Plan Cóndor; y los importantes avances en la investigación de violencia sexual.
