Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado el pasado 6 de diciembre, enumeró algunos fallos del Poder Judicial que inciden de forma directa en la vida cotidiana de los argentinos.

Para realizar este estudio, el organismo consideró aquellas decisiones judiciales que afectan los derechos de los consumidores, trabajadores, mujeres y diversidades sexuales. Además, consideró a los fallos que tuvieron injerencia en la economía nacional y que beneficiaron a un puñado de empresarios, en detrimento de la población.

Fallos judiciales que limitan los derechos de los trabajadores

• En 2022, la Asociación de Abogados/as Laboralistas denunció el desfinanciamiento del fuero laboral, la existencia de Juzgados del Trabajo vacantes y de expedientes paralizados en el tiempo.

• En octubre de este año, un fallo judicial favoreció a una empresa láctea que despidió a 26 trabajadores por participar de una protesta gremial.

• Un fallo del 2018, emitido por la Corte Suprema de Justicia, negó los derechos laborales de un trabajador del Hospital Alemán que prestó servicios ahí durante siete años, avalando que la empresa desconozca la relación laboral existente.

• También se destaca el conocido fallo “Pogonza”, a partir del cual la Cámara del Trabajo limita las posibilidades de revisar lo determinado por las Comisiones Médicas de riesgos del trabajo, y se terminan cerrando los casos sin el accionar judicial suficiente.

• Un fallo judicial en Rio Negro confirmó, en plena pandemia, el despido de un trabajador porque según argumentó la empresa “estaba a prueba”, desconociendo de esa forma el decreto 329/20 de prohibición de los despidos en la emergencia sanitaria.

• Las decisiones del Poder Judicial afectan también a los empleados públicos: la Corte determinó, a partir de dos fallos, que los reclamos de este sector se deben tramitar en la Justicia Contencioso-Administrativa, la que desconoce los principios propios del derecho del trabajo.

• La Cámara Comercial ha intervenido condicionando el pago de salarios, que es concepto inembargable y de índole alimentaria. En 2019 impidió el cobro de los sueldos de trabajadores/as del ex Grupo Indalo, al bloquear una cuenta que había sido creada como “inembargable” para ese fin. En su fallo, advirtieron que “no se ignora que podría dificultar el pago de salarios”.

Consumidores, ¿en la mira del Poder Judicial?

• En el 2020, la Justicia frenó el decreto que establecía que las telecomunicaciones son un “servicio esencial” con precios regulados.

• El accionar del Poder Judicial también afectó al acceso a la salud: luego de que el año pasado las prepagas impulsaran una cautelar para subir sus precios, la justicia habilitó los aumentos.

• En cuanto al costo de peajes, cabe recordar que algunas concesionarias fueron a la justicia para oponerse a la reestatización de las autopistas, encontrando allí un fallo a su medida.

• Las cautelares –aceptadas por la justicia– contra la regulación de precios y el abastecimiento en el mercado interno también inciden en los valores de los alimentos, como harina o carnes.

• En diciembre de 2019 un fallo a favor de Mercado Libre declaró que no era responsable por la venta, en su propia plataforma, de un producto que resultó diferente al publicado.

Incidencia de la justicia en la política económica

• Entregan los pocos dólares del país a las importadoras: en septiembre una compañía importó neumáticos recurriendo a cautelares nada menos que en 30 ocasiones.

• En agosto de 2022, una cautelar permitió la importación de 20 millones de dólares en “toallas”.

• La petrolera estatal noruega Equinor abandonó por varios meses las actividades de exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino, ya que el Poder Judicial había emitido una cautelar que le impedía avanzar.

• El gobierno nacional estableció, por única vez, el pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias para las empresas beneficiadas por la suba extraordinaria de los precios internacionales. Algunas firmas fueron a la justicia que frenó la medida aceptando una nueva cautelar.

• En 2015, la justicia falló a favor de Telecom y en contra de la provincia de Santa Fe que buscaba aplicarle, según establece la norma, una alícuota mayor de Ingresos Brutos a la compañía, por no estar radicada en el territorio provincial.

Fallos que fueron en contra de los derechos de mujeres y diversidades

• El año pasado un fallo judicial en San Juan impidió a una mujer practicar un aborto legal por una cautelar presentada por su ex marido, negando el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ley sancionada en 2020.

• En 2019, en la ciudad de Tucumán, Lucia de 11 años ingresó a un hospital público con 23 semanas de gestación producto de una violación. La madre de la niña pidió ante la Justicia tucumana la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), medida que fue dilatada durante semanas, hasta que fue obligada a realizarse una cesárea.

• En 2021, un juez de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe dejó en libertad a un imputado por abuso sexual porque usó preservativo, y declaró la falta de mérito en la causa.

• Todavía se sigue reclamando justicia por Lucía Pérez, víctima de abuso sexual y femicidio en 2016 en Mar del Plata. La justicia decidió absolver a los acusados poniendo como eje el “estilo de vida” de la joven.

En beneficio de unos pocos

• En plena pandemia, la AFIP impulsó una moratoria destinada a las pymes. Pero la justicia habilitó a dos grandes empresas que lo solicitaron a ser incluidas, porque la medida era “discriminatoria”.

• Uno de los grandes empresarios argentinos fue a la justicia para no pagar el Aporte Extraordinario de Grandes Fortunas y el Poder Judicial lo ayudó: consiguió no pagar lo que establece la ley para bienes fuera del país.

• La Cámara Comercial impidió que se investigue el origen y destino de fondos de José Aranda, uno de los accionistas de Clarín, a pesar de que podría tratarse de un caso de fuga, lavado de dinero o de evasión.

• La Inspección General de Justicia (IGJ) había emitido una resolución según la cual la empresa Remax Argentina viola la ley local, al beneficiarse de la actividad inmobiliaria sin estar autorizada por las normas de ejercicio profesional para hacerlo. La firma fue a la justicia que, una vez más, anuló la decisión.

• Los incendios en las orillas del río Paraná vienen arrasando con cientos de hectáreas y, sin embargo, la justicia no avanza en investigar quiénes son los propietarios de las tierras afectadas.