Jueces y abogados rechazaron la reforma laboral: “Es una lisa y llana eliminación de derechos y de la seguridad social”

El proyecto de reforma laboral que el gobierno de Javier Milei envió el pasado jueves al Senado causó revuelo en el ámbito judicial y legal. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) rechazó la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo, prevista en el artículo 91 de esta iniciativa, mientras que la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) apuntó que están en riesgo las “protecciones normativas de las personas que trabajan”.

Los abogados laboralistas expresaron su “profundo rechazo” a la reforma, al entender que “propicia la modificación y derogación de múltiples normas de derecho individual, procesal y colectivo que consagran las principales protecciones normativas de las personas que trabajan”. En un comunicado, desmenuzó punto por punto las principales preocupaciones sobre esta propuesta.

“Se trata de una lisa y llana eliminación de derechos laborales y de la seguridad social consagrados en distintas normas legales, vinculados al derecho de huelga, jornada limitada, descansos, retribución justa, igual remuneración por igual tarea, protección de la integridad psicofísica, entre muchos otros”, destacó la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL).

En este sentido, alertó que la ampliación de la jornada laboral no tiene “asidero ni fundamento” y afecta la “integridad psicofísica” del trabajador, que verá afectado el tiempo que destina a su vida personal, familiar y a su descanso.

“La introducción del concepto de ‘salario dinámico’ destruye el sentido igualador y justo de la remuneración, fomentando la meritocracia y la competencia entre trabajadores/as. El proyecto también da preponderancia a la negociación individual entre empleador y trabajador, lo cual exacerba la posibilidad que el patrón imponga su voluntad ilimitada”, observaron los laboralistas.

También apuntaron contra la idea de que el convenio colectivo de trabajo sea reemplazado por un convenio de empresa: “Esto rompe los pisos uniformes de derechos para todos los trabajadores que se desempeñan en un ámbito de alcance mayor, buscando la fragmentación colectiva y la dispersión sindical. Se ataca de distintas formas a las asociaciones sindicales, obstruyendo la realización de asambleas, diseño de un plan de acción, ejercicio del derecho de huelga, etc”.

En otro tramo del comunicado observaron que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es un “negocio financiero cuya meta es subsidiar a las empresas para que puedan despedir a costa del desfinanciamiento del sistema de seguridad social y previsional”.

A entender de los abogados laboralistas, este proyecto “alienta la tercerización, consagra la exclusión de los trabajadores que prestan servicios a través de empresas de plataformas digitales de todas las protecciones laborales y deroga múltiples normas como el Estatuto de los Periodistas, los cuales consagran derechos fundamentales de colectivos de trabajadores”.

“Este proyecto vulnera flagrantemente la Constitución Nacional y distintas normas internacionales con carácter supralegal y constitucional. Hacemos un llamado a la cordura a los legisladores, solicitamos que el mismo no sea sancionado por afectar profundamente las condiciones de trabajo y la vida de todos los trabajadores. En caso contrario, deberá ser declarado inconstitucional e inaplicable por la jurisprudencia”, cerró el comunicado de la AAL.

A los abogados se sumaron los jueces. A través de un comunicado firmado por la secretaria general, María Carolina Ocampo, y por el presidente del organismo, Andrés Basso, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) rechazó de “manera categórica las pretendidas modificaciones que contiene el proyecto de Ley de Modernización Laboral, tendientes a la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo”.

“Resulta inadmisible la redacción de los artículos 90 y 91 y de todos aquellos allí propuestos que impliquen atentar contra la vida del fuero nacional citado. Instamos a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones, que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales”, añadió el documento.

El artículo 90 del proyecto de “modernización laboral” –el cual fue cuestionados por la Amfjn– obliga a que los jueces de primera y segunda instancia se adecúen a los precedentes de la Corte Suprema, con la posibilidad de acusarlos por “mal desempeño de sus funciones” si no siguen este criterio. El artículo 91, en tanto, establece la “progresiva disolución” de la Justicia Nacional del Trabajo, hasta eliminarla completamente.

“Mantenemos el estado de alerta permanente mientras avanzamos en el estudio minucioso de las acciones a adoptar y la comunicación fluida con los miembros de nuestra Institución”, cerró el comunicado.

También hubo rechazos a la reforma penal

Por su parte, la Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derecho Penal repudió el que la reforma penal se trate de forma “express” durante las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación: “Consideramos que la indiscutible y necesaria actualización del Código Penal argentino no puede resolverse a libro cerrado, sino que exige consensos entre las distintas fuerzas políticas y un debate amplio, informado y participativo, que incluya a la sociedad civil”.

“Las declaraciones del Gobierno, lejos de garantizar un proceso democrático de la reforma penal, avalan una codificación ideologizada y desprovista del dialogo y de los aportes técnicos indispensables para otorgar legitimidad a una reforma del Código Penal”, apuntó el organismo en un comunicado.

Y finalizó: “Solicitamos al Honorable Congreso de la Nación que posponga el tratamiento de la reforma penal para las sesiones ordinarias, que garantice la participación de universidades, institutos especializados en la materia, colegios de abogados, asociaciones de magistrados, ONGs, entre otras, con el propósito de presentar aportes críticos, avales o propuestas alternativas sobre el proyecto del Código Penal impulsado por el actual gobierno”.