La denuncia de la ONG Cuenca Río Paraná se presentó hace cinco años y detallaba el vuelco de 350 mil litros diarios de efluentes cloacales e industriales en crudo. El fiscal federal Claudio Kishimoto sitúa la comisión del delito entre septiembre de 2018, cuando se presentó la acción de amparo, hasta octubre de 2021, fecha en que se realizaron las últimas actividades técnicas de corroboración.
Los directivos de Aguas Santafesinas SA fueron denunciados por contaminación ambiental hace cinco años, pero hasta el momento la justicia no mostró avances significativos en la causa.
En el fuero penal, el juez federal Carlos Vera Barros intentó negarse a seguir la causa y -tras recibir la orden de seguir el caso- citó a indagatoria a los seis ejecutivos imputados por infracción a la ley de residuos peligrosos, pero todos los imputados se negaron a declarar. En sintonía, la causa civil apenas evidencia avances con escasas actuaciones de la jueza federal Sylvia Aramberri.
El abogado Fabián Maggi, representante legal de la asociación que impulsa la denuncia, aseguró que “el amparo tiene sus años de trámite y debería avanzar con mayor celeridad, lo que no está ocurriendo”.
“La planta de tratamiento de efluentes cloacales es una deuda histórica de Aguas Santafesinas. También tienen responsabilidad el Estado Provincial y Municipal. Es inconcebible que a esta altura del desarrollo urbano una ciudad como Rosario no cuente con tratamientos en sus efluentes cloacales”, planteó el abogado en diálogo con el programa Apuntes y Resumen de Radio Universidad.
“La cuestión de contaminación es realmente alarmante. Por los volúmenes y por los contenidos. Estos efluentes son objetos de estudio hace mucho tiempo. La alarma se enciende no sólo por el factor infeccioso de los efluentes cloacales, sino también por lo que se denominan contaminantes emergentes, que son los nuevos contaminantes que se detectan, y aquellos que se califican como bio acumulables, es decir que no tienen ninguna posibilidad de dilución en el cauce del río Paraná. Se van acumulando en los peces que después son objeto de consumo humano. Eso es alarmante”, planteó Maggi.
En los análisis de laboratorio se detectó la presencia de metales pesados como el zinc. En los residuos cloacales, por la legislación santafesina, se permite la incorporación de efluentes industriales.
“La normativa tiene serias deficiencias que deben ser subsanadas. Lo que más preocupa es todo lo que tiene que ver con productos farmacéuticos, que ya fueron detectados en los peces”, puntualizó.
En cuanto a las demoras en la Justicia Federal, con causas civiles y penales que tramitan Carlos Vera Barros y Sylvia Aramberri, Maggi planteó que debe tenerse presente que “la ley impone al juez un accionar rápido cuando está al mando de un conflicto ambiental”.
“Las medidas tienen que ser expeditivas, proactivas. Tienen que lograr el inmediato cese. En la cuestión ambiental son fundamentales el cese, la recomposición y la indemnización sustitutiva. En cuanto al cese tiene prioridad absoluta la supresión del daño futuro y eso no veo que esté en camino. Se alegan cuestiones burocráticas que las tiene que resolver el Estado. Se habla de la supuesta falta de fondos. No conocemos balances, pero hace años hay un componente de las tarifas que es para obras. Se obtuvieron créditos que no sabemos por qué no fueron utilizados en esta problemática fundamental, que es el tratamiento de efluentes cloacales”, concluyó.
