La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe manifestó, a través de un comunicado, su disconformidad sobre la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a la aplicación de la ley 24.390, conocido como ley 2 x 1, en el caso de Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad.
El escrito comunica que “en relación al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde por mayoría el Máximo Tribunal resolvió declarar aplicable los beneficios otorgados por la ley 24.390 (más conocida como ley del 2×1) en el caso de Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe expresa en forma contundente su disconformidad con la decisión adoptada, en cuanto implica desconocer la correcta aplicación e interpretación de normas internas vigentes en sintonía con los compromisos asumidos por el Estado Argentino en instrumentos internacionales de derechos humanos de raigambre constitucional, como así también con estándares de interpretación señalados en forma clara por distintos tribunales internacionales. Que la decisión de referencia implica un apartamiento preocupante de una doctrina consolidada en el sistema interamericano de Derechos Humanos y hasta hace poco tiempo receptada por la propia CSJN en orden a impedir que la aplicación e interpretación de normas locales puedan afectar el deber inexcusable de los Estados de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a derechos humanos o bien que ellas puedan llegar a reconocer beneficios a condenados por tan aberrantes crímenes”.
En consecuencia desde el organismo, “se ratifica una vez más el compromiso inclaudicable de la Provincia de Santa Fe en la búsqueda de verdad y justicia, respetando los valores de la democracia y los principios constitucionales y convencionales vigentes que resguardan el Estado de Derecho”.
A nivel nacional los organismos de DDHH opinaron que hay un “operativo coordinado entre la iglesia y la justicia.
Los organismos de derechos humanos vincularon el llamado de la Iglesia a la «reconciliación» respecto de lo ocurrido durante la dictadura con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y lo calificaron como «un operativo coordinado».
Durante la conferencia de prensa que brindaron en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, el director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, sostuvo que la convocatoria de la Iglesia dada a conocer el último martes y el fallo forman parte de «un operativo claramente coordinado».
«La Iglesia tiene la reconciliación como un sacramento. Hace cinco siglos estableció que para la reconciliación debía darse primero el reconocimiento y el arrepentimiento. Si alguno de los jueces, empresarios o militares lo hiciera, yo estaría dispuesto a darle un abrazo, pero hasta ahora no ha habido ninguno», señaló.
A su turno, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, agregó que la liturgia católica también incluye el «castigo» como una instancia relacionada con el reconocimiento y el arrepentimiento.
Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, le reclamó por su parte al Papa Francisco diga «una palabra» al respecto porque, a pesar de haber anunciado una apertura de archivos, «la autocrítica la jerarquía eclesiástica no la hizo».
Por último, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida también cuestionó la intención de la Iglesia y remarcó: «Jamás nos vamos a reconciliar. Ni perdonamos ni nos reconciliamos».
