Sentar en el banquillo de los acusados, en un mismo juicio, al jefe de una de las bandas narcocriminales que más han marcado la historia de la ciudad a fuerza de sangre y fuego y al ex jefe de los fiscales de Rosario no sólo tendrá un peso simbólico emblemático, que no pasa desapercibido para los fiscales Matías Edery y Luis Shciappa Pietra, sino que serrá un reflejo claro de como se han tejido los entramados criminales en los últimos 20 años en la provincia de Santa Fe. Este martes, ambos funcionarios judiciales presentaron la acusación contra Patricio Serjal, para quien pedirán 12 años de prisión y manifestaron que pedirán que los delitos del ex fiscal regional se ventilen en el mismo proceso oral en el que se juzgará a «Guille» Cantero y Maximiliano «Cachete» Díaz por el crimen del contador Enrique Encino en el Casino City Center.
«Esta es una causa que se inicia con el atentado al casino, es una derivación de esa investigación, por lo que solicitamos que la acusación por esa misma causa se tramite toda en un juicio oral» explicó este martes Schiappa Pietra en entrevista con LT8. El fiscal remarcó que se trata de una causa que «deja muy en evidencia» la relación entre «la criminalidad compleja con la corrupción y las problemáticas del crimen violento más cotidiano».
Vale recordar que fue la investigación del crimen de Encino, que conmocionó a la ciudad en Enero de 2020, lo que terminó revelando el entramado de protección judicial y, posiblemente, política que se brindaba a una organización dedicada al juego clandestino y que se conectaba con otros delitos violentos, como las balaceras y extorsiones.
Días atrás, los mismos fiscales de Criminalidad Organizada, elevaron a juicio la causa por ese homicidio en la que están acusados, además de Ariel Máximo Cantero, Maximiliano «Cachete» Díaz, Damián «Toro» Escobar y Otniel De Leon Almonte, también conocido como el «Dominicano». Según la investigación de Edery y Schiappa Pietra, fue el líder de Los Monos quien ordenó el ataque a la casa de juegos, y el «Dominicano» y «Cachete» fueron los ejecutores.
Mientras investigaban el atentado, al abrir el teléfono de Díaz, los funcionarios del MPA detectaron las conexiones con Leonardo Peitti y con los ex fiscales Serjal y Gustavo Ponce Asahad, quienes brindaban protección judicial a la organización y filtraban información.
Acusaciones y delitos
De acuerdo a lo expuesto en la acusación, Edery y Schiappa Pietra le achacan a Patricio Serjal los delitos de organizador de una asociación ilicíta, cohecho pasivo agravado, falsedad ideológica, peculado y omisión de persecución, entre otros. Para él pedirán 12 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y una multa de 90.000 pesos.
En tanto, Nelson Ugolini, también empleado del MPA , está acusado de ser miembro de la asociación ilícita, de incumplimiento de deberes de funcionario público y cohecho pasivo. Por esos delitos solicitarán una pena de 5 años de prisión efectiva e inhabilitación para ocupara cargo o empleo público por 10 años y una multa similar a la anterior.
La Fiscalía les atribuye haber conformado una asociación ilícita integrada además por Gustavo Ponce Asahad, Leonardo Peiti, ambos condenados mediante juicios abreviados, Maximillíano Díaz (ya imputado y acusado), el ya fallecido David Perona, el ex policía Alejandro Torrisi (ya condenado) y otras personas aún no identificadas y no haber denunciado la comisión de delitos que Serjal conoció en ejercicio de sus funciones.
El objeto de la organización era usufructuar el dinero proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y apuestas electrónicas. Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal; ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos.
De acuerdo a la teoría de la acusación, la estructura tuvo tres organizadores, Peiti, Serjal y el senador Armando Traferri. El resto de los nombrados integraban la misma.
En cuanto a los roles, Serjal está considerado el organizador de la cobertura judicial y es quien le daba las directivas a Gustavo Ponce Asahad, para asegurar la impunidad de Peiti en todo lo relacionado al juego clandestino. Por su parte, Traferri le aseguraba a Peiti la continuidad de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilicitos.
En tanto, la misión de Peiti era la de organizar los recursos económicos, materiales y humanos para montar una empresa ilícita destinada a la organización de juego clandestino en diferentes modalidades. Era el encargado de seleccionar al personal a su cargo, ordenar las tareas del negocio, proveer el software con el que debían funcionar los dispositivos electrónicos existentes en las salas de juego clandestinas, recolectar el dinero producido de esas actividades, invertirlo y ocultarlo de los alcances de los registros financieros y tributarios legales y acordar con las autoridades políticas y judiciales la protección del negocio ilegal.
