Robo de combustible: condenan a 3 policías y piden destituir a 13 para que no cobren la jubilación
Mediante un juicio abreviado tres efectivos fueron sentenciados por asociación ilícita, peculado y defraudación. La cartera de Seguridad avanza en la destitución de todos los imputados en el caso.
La investigación que lleva adelante el fiscal José Luis Caterina por las maniobras de defraudación con la carga de combustibles a vehículos policiales, por la que cayó el año pasado la cúpula de la Policía de Rosario, avanzó este martes al homologarse un juicio abreviado en el que fueron condenados los efectivos Sergio Darío López, Gerardo Fabián Ramírez y Jorge Santiago Delgado. En paralelo, el subsecretario de Control de la cartera de Seguridad provincial, Lucas Covacich, elevó a la firma del gobernador, Maximiliano Pullaro, una solicitud de destitución de los 13 jerárquicos imputados en esa causa, que están en situación pasiva, de disponibilidad o pasaron a retiro, como corolario del sumario administrativo iniciado al conocerse de los hechos. Uno de los efectos de la destitución, por la ley de emergencia previsional, consiste en que los afectados no podrán acceder a su haber jubilatorio.
Los condenados
La jueza Silvana Lamas González homologó este martes un juicio abreviado mediante el cual los policías López, Ramírez y Delgado admitieron su responsabilidad penal en la causa que investiga una presunta asociación ilícita que involucró a las más altas autoridades de la Unidad Regional II en una defraudación al Estado mediante maniobras ilegales con la carga de combustibles para los móviles de la fuerza de seguridad.
El fiscal Caterina cuantificó el perjuicio en unos 45 millones mensuales durante 2024. Las maniobras, explicó, consistían en la sobrefacturación de combustible o en “cargas fantasmas”, incluso de vehículos que figuraban en reparación o dados de baja.
La operación se completaba con los responsables de la estación de servicios Gas Auto Triferno, que reintegraban parte de los sobrefacturado en forma quincenal a los jefes policiales que iban a buscar los sobres con dinero al comercio, ubicado en la esquina de bulevar Seguí y Ovidio Lagos.
Los tres policías fueron condenados por los delitos de asociación ilícita, peculado de caudales públicos, defraudación agravada como partícipes primarios y por cohecho pasivo. Como aceptaron su responsabilidad en los hechos que se les imputaron y colaboraron con la investigación, obtuvieron una reducción de la mitad de la pena.
Así, según el acta del juicio abreviado firmada por la jueza Lamas González, Ramírez fue condenado a 3 años de ejecución condicional (sin prisión efectiva); López a 2 años y 8 meses; y Delgado a 2 años y 3 meses. Además, los tres fueron sentenciados a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y se les impusieron una serie de reglas de conducta durante el tiempo que dure la pena.
Destitución
En paralelo al avance judicial, el Gobierno de Santa Fe a través de la Subsecretaría de Control Policial hace lo suyo por vía administrativa. El encargado del área, Lucas Covacich, solicitó al gobernador Pullaro la destitución de 13 miembros de la fuerza de seguridad implicado en el caso, al concluir el sumario administrativo iniciado en forma paralela a la causa penal.
Los más notorios son el ex jefe de la Policía de Rosario, Daniel Acosta, y su secretario privado y presunto armador del esquema recaudatorio ilegal, Rodrigo Domínguez.
La solicitud de cesantías del área de Control incluye también a Héctor Saucedo; Roberto Blanco; Diego Santamaría; Fabián Fantín; Juan Villordo; y Fabián Becerra. Así como a Sergio Daniel Plomer; Nanci Plomer; Mario Brest; Juan Manuel Herrera; Manuel Delgado y Gustavo Bazán.
El viernes terminó la etapa del sumario una vez que el organismo de Control recibió el dictamen del área legal. “Hay dos maneras de sancionar: una vinculada a la causa penal, y otra que es autónoma. Se encontraron faltas autónomas como faltas de control. Y se pidió la destitución por falta autónoma”, dijeron a Conclusión fuentes oficiales.
La resolución de la Subsecretaría de Control Policial no incluye el pedido de no percepción de los haberes jubilatorios de los retirados, atento a que no es facultad de ese organismo gubernamental.
De todos modos, en función de la normativa vigente y los cambios efectuados en la legislación previsional de Santa Fe, la destitución de los empleados policiales -algunos de los cuales están en disponibilidad y otros pasados a retiro- implicaría la pérdida del salario que actualmente perciben -del orden del 50 y el 70% según la situación de revista- y el impedimento de acceder al haber jubilatorio de los involucrados en el caso de corrupción.
El artículo 37 de la ley de Emergencia Previsional sancionada por la Legislatura a fines de 2024 establece, en su último párrafo, que “el personal que fuera destituido de las fuerzas policiales o exonerado del servicio penitenciario como resultado de un procedimiento disciplinario, no tendrá derecho a haber. Ello no obstará el reconocimiento de los años de servicio aportados”.