La Sala I de la Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento con prisión preventiva del empresario boliviano Jorge Adalid Granier Ruiz y el embargo dispuesto sobre sus bienes por 30 millones de pesos, por haber organizado el transporte de 389 kilos de cocaína para bandas criminales de Rosario.
El tribunal revisor rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado contra la resolución que había dictado el 30 de noviembre pasado el Juzgado Federal N°1 de esa jurisdicción, a cargo de Julio Bavio, quien había procesado a Granier Ruiz por el delito de organizador de transporte de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes.
El hecho que se le imputa al acusado ocurrió el 24 de septiembre de 2020 en la localidad bonaerense de Ramallo, y por el caso ya recibieron condenas otros miembros de la misma organización.
Granier Ruiz estuvo prófugo y fue localizado en marzo del año pasado en Brasil y, tras el juicio de extradición, fue enviado a Argentina para su juzgamiento en el fuero federal de Salta.
En las escuchas telefónicas de la causa, el acusado reconoció que cobraba una suma de 320 mil dólares por el transporte de la droga en aeronaves, con un adelanto de 50 mil, y señaló que la capacidad de carga de las avionetas rondaba entre los 380 y 400 kilos.
Por ese hecho fueron condenados en 2021 Adelaida Castillo (13 años de prisión), su hija Estela y Rodrigo López (ambos a 8 años de prisión), mientras que en 2022 recibieron penas por los mismos hechos Fabián Pelozo e Ignacio Quintana, a 9 y 7 de años de prisión, respectivamente.
Se pudo probar que luego de arribar al país procedente de Bolivia, la droga fue resguardada en una finca en la localidad santafesina de Ibarlucea, hasta donde Quintana guio a Castillo, quien fue la transportista de la carga, mientras que López y Estela oficiaban de punteros.
Castillo, que había viajado desde Buenos Aires, llegó hasta una estación de servicio cercana a la finca, donde esperó hasta que apareció una camioneta Toyota Hilux, perteneciente a Quintana, y que condujo a la transportista hasta un galpón de situado en la propiedad rural, donde se cargó la cocaína. El estupefaciente tenía una pureza de un 93%, con una capacidad productiva de 2 millones de dosis.
