El fiscal de Melincué Matías Merlo formalizó la imputación donde acusa al empresario Leonardo Peiti de manejar salas de juego ilegal en siete localidades de la provincia. La pena que le correspondería en el caso que la causa llegue a  juicio y  se emita una sentencia es de cinco a diez años de prisión, aunque el funcionario judicial adelantó que pedirá 8 años.

“En junio de este año consideramos a Leonardo Peiti como el organizador de una asociación ilícita donde regenteaba el juego clandestino en la provincia. Allanamos un casino clandestino, de ahí se desprende que las personas reportaban a una estructura más organizada, que a su vez conducía hacia Leonardo Peiti, hicimos la investigación cruzando llamadas telefónicas, analizamos los celulares” explicó el fiscal Matías Merlo, en diálogo con Lt8.

Luego Merlo afirmó que “Peiti tenía salas de juego ilegal, les proveía los medios necesarios para realizar la actividad y las ganancias reportaban a Peiti. Formalizamos la acusación desde junio, trabajamos en conjunto con los fiscales de Rosario. Presentamos la acusación, pedimos un juicio oral y público donde queremos lograr una condena a Peiti y seis personas más”.

El fiscal de Melincué Matías Merlo finalizó la investigación en la que acusa a Peiti de ser organizador de casinos ilegales en siete localidades de la provincia. La calificación legal que le imputó es la de comandar una asociación ilícita que explota el juego ilegal.

“Peiti es el organizador, el jefe de una asociación ilícita para llevar a cabo el juego clandestino, le corresponden de 5 a 10 años, en caso de lograrse la condena, le corresponde la pena de cumplimiento efectivo”, remarcó el fiscal.

El fiscal Ponce Asahad fue el primero en decir que el entramado del juego, que hizo caer a policías, a personas dedicadas al juego y a dos fiscales, tiene también una pata política. Lo que hizo fue implicar en esa pata al senador provincial Armando Traferri que estaba convocado a una audiencia por ese motivo. Dijo que en la relación de la Fiscalía de Rosario con el juego ilícito con Peiti participó activamente como armador el senador sanlorencino. Sostuvo que el juego en la circunscripción regional tiene tres patas: Peiti, Serjal y Traferri.

“Ahora debe contestar la defensa de Peiti y para marzo si el juez controla si los elementos para llevarlos a juicio, elementos que son por demás de contundentes, el año que viene se debería realizar entonces el juicio oral y público”, adelantó el fiscal Merlo.

Leonardo Peiti declaró que pagaba una mensualidad de 4 mil dólares al fiscal Gustavo Ponce Asahad, bajo órdenes de Serjal, a cambio de inmunidad en causas penales. Ponce Asahad declaró que se reunía con el senador Traferri de manera habitual porque el legislador era parte del negocio. Traferri acepta que se reunió con el fiscal pero por motivos propios de las funciones de ambos. Y considera una infamia y una injuria las imputaciones, las que adjudica a un complot político entre el ministro de Seguridad Marcelo Sain, la conducción del Ministerio Público de la Acusación y los fiscales actuantes.

“Peiti hizo declaraciones en marzo, pero nosotros tenemos pruebas contundentes. Hay una causa de cohecho, que investigan los fiscales, nosotros tenemos las pruebas de la actividad del juego ilegal y pedimos el juicio oral y público” destacó el fiscal Merlo. Al tiempo que precisó “Todo lo que se recaudaba en el juego clandestino, se dividía en tres partes, aproximadamente el monto por sala por mes en el 2017, eran 30.000 pesos por cada parte que intervenía en la cadena de recaudación. Cinco salas en Venado Tuerto, diez en Casilda, y también en Hughes, entre otras, reportaban a la red de juego ilegal organizada por Peiti”, concluyó Merlo.