En una audiencia preliminar realizada este sábado en los Tribunales Provinciales de Santa Fe, la fiscal Alejandra del Río Ayala pidió 27 años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de tres niñas menores de edad en la localidad de Bernardo de Irigoyen.
El imputado tiene 34 años y la fiscal de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) lo acusó, frente a la jueza Sandra Valenti, de los delitos de buso sexual gravemente ultrajante calificado, en concurso ideal con corrupción de menores agravada (ambos delitos en reiteradas oportunidades y en perjuicio de las tres víctimas) También le atribuyó desobediencia de mandato judicial y lesiones leves dolosas.
Tres menores de edad
«Los abusos que por los que se investiga a CAZ fueron cometidos entre los años 2013 y 2015. Las víctimas son tres niñas en edad escolar, una de ellas perteneciente a su círculo familiar», informó la fiscal Del Río Ayala. «El imputado aprovechaba los momentos en los que quedaba al cuidado de las menores para someterlas a abusos sexuales de diversa índole», agregó.
«Los abusos que por los que se investiga a CAZ fueron cometidos entre los años 2013 y 2015. Las víctimas son tres niñas en edad escolar, una de ellas perteneciente a su círculo familiar», informó la fiscal Del Río Ayala. «El imputado aprovechaba los momentos en los que quedaba al cuidado de las menores para someterlas a abusos sexuales de diversa índole», agregó.
La fiscal del MPA manifestó que “las tres víctimas sufrieron sometimiento y humillación por parte del acusado. En todos los casos, por la modalidad y la duración de los hechos en el tiempo, la diferencia de edad entre la víctima y el acusado, y por tratarse de niñas pequeñas, resultaron hechos idóneos para adelantar el desarrollo normal, libre y progresivo de la sexualidad de las menores”. Además, añadió que “en el caso de una de las niñas en particular, la situación se agrava porque tiene con el imputado un vínculo familiar».Lesiones y desobediencia
CAZ también fue acusado por la autoría del delito de desobediencia de mandato judicial. «Si bien tenía una medida de distancia respecto de una de sus víctimas, vigente desde julio de 2016, el 5 de noviembre de 2017 incumplió la restricción al interceptar a la niña en la calle», informó la funcionaria del MPA.
CAZ también fue acusado por la autoría del delito de desobediencia de mandato judicial. «Si bien tenía una medida de distancia respecto de una de sus víctimas, vigente desde julio de 2016, el 5 de noviembre de 2017 incumplió la restricción al interceptar a la niña en la calle», informó la funcionaria del MPA.
Del Río Ayala también acusó a CAZ como autor del delito de lesiones leves dolosas ya que «el 16 de noviembre del año pasado, mientras estaba en su lugar de trabajo, discutió con uno de sus compañeros y le clavó un cuchillo en la espalda». Juicio oral y público
Luego de la audiencia preliminar llevada a cabo, la jueza Valenti deberá resolver las cuestiones planteadas por las partes. Además, en caso que entienda que están dadas las condiciones, deberá dictar lo que se denomina el “auto de apertura a juicio” para que se realice el juicio oral y público.
Luego de la audiencia preliminar llevada a cabo, la jueza Valenti deberá resolver las cuestiones planteadas por las partes. Además, en caso que entienda que están dadas las condiciones, deberá dictar lo que se denomina el “auto de apertura a juicio” para que se realice el juicio oral y público.
Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá fijar la fecha de inicio del juicio oral y público y sortear el tribunal pluripersonal que tendrá a su cargo el debate.
