El juez Fabián Lorenzini, quien lleva adelante el expediente por el concurso preventivo de acreedores de la agroexportadora Vicentin, decidió correrse de la causa al adjudicar “violencia moral” y un “resguardo del decoro que exige la investidura de magistrado”. Los argumentos del funcionario judicial tienen lugar luego de que uno de los acreedores –es decir, una de las personas a las que la cerealera les debe dinero– pidiera que sea sometido a un juicio político.

“Considero indispensable formular mi excusación para continuar actuando como juez en este expediente, con fundamento en la violencia moral que me produce una solicitud de Juicio Político presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, por parte de un representante de acreedores, y en resguardo del decoro que exige el ejercicio de la magistratura en este caso en particular”, puntualizó el juez civil y comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista, ubicada en el norte de la provincia de Santa Fe, donde se tramita el concurso de la cerealera.

Por su parte, integrantes de la comisión de Seguimiento del caso Vicentin en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe expresaron su preocupación por el corrimiento del juez, ya que esto demorará los plazos para dar curso, o no, a la propuesta de acuerdo con acreedores presentada por la empresa.

En la presentación que elevó a la Justicia, Lorenzini aseguró que en sus resoluciones siempre aspiró a “buscar el bien común, preservar la empresa de forma viable, cuidar las fuentes de trabajo, garantizar el trato digno hacia los acreedores y el respeto por su tiempo, y la razonabilidad y prudencia”.

Y agregó: “Durante los últimos años intentamos administrar justicia en un proceso concursal de dimensiones nunca antes conocidas en la historia judicial de la Argentina”.

Según la presentación del magistrado, uno de los representantes de los acreedores pidió ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que se abra un Juicio Político contra Lorenzini, a causa de “decisiones reprochables” en su accionar como juez en el concurso preventivo.

“Soy consciente de mis deberes funcionales, pero no puedo soslayar la violencia moral que me genera dicho planteo, porque siento que me condiciona a la hora de continuar ejerciendo libremente la jurisdicción en este proceso tan relevante y complejo. No se trata de una exquisitez ni de un recelo caprichoso que me impida escuchar criticas u opiniones divergentes acerca de las decisiones adoptadas”, observó Lorenzini al respecto.

Y repasó: “Durante los tres años que tuve el honor de ser el juez en este expediente, he sorteado numerosos pedidos de recusación, planteos de incompetencia, críticas y postulaciones de la más diversa índole jurídicas, políticas y económicas. Pero, un pedido de juicio político en las actuales circunstancias de alta sensibilidad, me expone en un grado que no me parece apropiado ni digno tolerar”.

Lorenzini puntualizó que al momento de presentar su excusación ante la Justicia –la cual se conoció durante el mediodía de este viernes– la Corte Suprema de Santa Fe no se había expedido sobre el pedido de juicio político. Sin embargo, advirtió: “Me siento inhibido de continuar ejerciendo mi rol constitucional en este proceso en particular”.
Seguidamente, se disculpó con los acreedores que esperan que el trámite avance para que se pueda saldar la deuda que Vicentin tiene con ellos.

El juez calificó al juicio político como “una agresión desmedida”. Asimismo, aseguró que su accionar con el expediente está amparado por la ley, por las Constituciones Nacional y provincial, y por los actos jurídicos detallados en el documento.

Por último, el juez adelantó que el expediente, así como sus incidentes y actuaciones conexas, será remitido al Subrogante legal, Juez Civil y Comercial de la 3° Nominación con asiento en la ciudad de Reconquista.

Vicentin: Fabián Lorenzini dejó de ser el juez del concurso de acreedores by Conclusión TV on Scribd

 

Cifras que dan cuenta del caos financiero

El juez detalló algunas cifras del concurso de la agroexportadora: “El pasivo verificado equivale al 11,45% del presupuesto aprobado para la Administración Pública de la provincia de Santa Fe para el año 2022. Tomando en cuenta el presupuesto del año 2020 (cuando Vicentin se presentó en concurso preventivo), representaba el 23,88% del mismo”.

“Si comparamos dicho pasivo verificado ($ 97.448.330.899,61), con el presupuesto ejecutado de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para el año 2020 ($ 16.308.200.582), este último es el que equivale al 16,73% de la deuda concursal. El mismo ejercicio comparativo con el año 2021, nos muestra que el presupuesto total ejecutado por el Poder Judicial de Santa Fe durante ese período de tiempo ($26.530.188.138)12 equivale al 27,22% de la deuda de Vicentin. La deuda concursal expresada en pesos, hubiera permitido construir 39 centros de salud de alta complejidad”, indicó.

Intervención de la Corte y devolución del expediente: la previa de la excusación

El pasado 28 de febrero, el expediente del concurso preventivo de Vicentin volvió al juzgado civil y comercial de la ciudad de Reconquista, a cargo de Lorenzini, tras estar casi ocho meses en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, quien trató y rechazó un planteo de “avocación” al caso, el máximo tribunal provincial devolvió el expediente al juez del concurso.

Estaba previsto que en estos días el magistrado resuelva si da curso o no a la propuesta de acuerdo con acreedores presentada por la empresa.

Desde junio del año pasado el concurso estuvo bajo tratamiento de la Corte santafesina ante un planteo realizado por un acreedor, Commodities SA, que pidió su intervención mediante la avocación, un recurso que permite “saltearse” instancias judiciales intermedias cuando se cumplen determinados supuestos.

El 30 de noviembre del año pasado la Corte rechazó el planteo, pero el expediente quedó en el máximo tribunal ante una presentación de Vicentin para que Commodities SA se hiciera cargo de las costas de ese incidente procesal.

Finalmente, la Corte envió el pasado 27 de febrero el expediente al juez Lorenzini, a quien en el fallo del 30 de noviembre le realizó una serie de recomendaciones sobre su proceder.

La agroexportadora que se declaró en cesación de pago a fines de 2019 acumuló un pasivo de U$S 1.500 millones, y la propuesta de acuerdo presentada al juzgado supone una quita de 80% para algunos acreedores, mientras que no contempla al principal acreedor, el Banco de la Nación Argentina (BNA).

Según señaló el acreedor Commodities SA en el planteo de avocación a la Corte, la propuesta de Vicentin incluyó la venta del 33% de acciones que aún conserva en Renova (planta en la es socia de la multinacional Glencore), cuando existían dos medidas cautelares dictadas por la Justicia Penal de Rosario, en causas por estafas, que impedían la operación sobre los bienes de la concursada.

En el último caso, la Ley de Quiebras y Concursos habilita la posibilidad del denominado “salvataje”, un procedimiento que ante la falta de acuerdo permite al juez darla a otros acreedores o terceros interesados la posibilidad de presentar una propuesta de acuerdo a los acreedores.