El vocero presidencial Manuel Adorni volvió a confrontar este viernes con los sindicatos, ratificó que el Gobierno le descontará a el día a los empleados estatales que adhieran al paro del 24 de enero, y dijo que todos los amparos judiciales contra el capítulo laboral del DNU 70/23 fueron presentados por asociaciones gremiales, «no por empresarios que dan trabajo».
El funcionario nacional utilizó el inicio de su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada para ratificar las expresiones que tuvo en la jornada de este jueves y plantear que la decisión de descontar el día de paro no atenta contra el derecho a huelga.
«Todavía no la he recibido, pero una organización sindical -en referencia a ATE- adelantó que me envió una carta documento intimándome a que me abstenga de llevar adelante el descuento del día de huelga, el que anunciamos que se haría para aquella persona que no vaya a trabajar, y a que me retracte de mis declaraciones. En principio, reafirmo cada palabra: el que no trabaje no va a cobrar», manifestó Adorni este viernes.
«El derecho a huelga -agregó- por supuesto que está garantizado, no tiene relación con que se cobre o no. Lo que no vamos a hacer es que los argentinos paguen y que un empleado estatal no vaya a trabajar. En relación a que me abstenga de realizar el descuento, sugiero que consulten mejor a sus abogados porque solamente soy el vocero presidencial, no lo voy a hacer de manera personal».
En esa sintonía, recordó la disponibilidad de la línea 134, habilitada para que aquellos que «se sientan extorsionados» para participar del paro, puedan realizar la denuncia de manera anónima.
Asimismo, reiteró que el Ejecutivo entiende que la medida de fuerza no tiene ninguna justificación. «No terminamos de entender la actitud que toman. El paro se anunció a pocos días de la asunción del presidente Milei, que hace lo que efectivamente votó la gente. Nosotros no nos hemos corrido ni un punto de lo que expresaron en las urnas», consideró el vocero presidencial.
En esta línea, el funcionario identificó a las asociaciones gremiales como parte de la oposición que busca -en sus términos- frenar la salida del país de la decadencia y resaltó -en cambio- la actitud del empresariado argentino y una buena porción de los legisladores opositores, que no pusieron impedimentos a la vigencia del DNU y respaldan -con matices- le proyecto de Ley Bases.
«Hasta el momento se han presentado 17 amparos en la Justicia. Todos fueron impulsados por gremios, en contraposición a los amparos presentados por empresarios inversores, que son cero. No hay ningún amparo que haya sido impulsado por quienes dan trabajo y crean empleo en este país», aseveró.
Por otra parte, antes de dar inicio a las preguntas, el vocero presidencial valoró el posicionamiento de gran parte de la oposición de la Cámara de Diputados, que -dijo- aportó mejoras a la Ley Bases y mostró su predisposición para que el paquete de reformas «llegue a buen puerto».
