Alerta roja en Santa Fe: con 30 femicidios en lo que va del año, la provincia registra un aumento crítico de casos

Pese a los discursos oficiales que intentan instalar la idea de que la violencia de género es un problema «pulverizado», los datos de la realidad ofrecen una fotografía drástica y dolorosa. El último informe presentado por el observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) revela que, en lo que va de 2026, se registraron 160 femicidios a nivel nacional. De ese total, 30 ocurrieron en la provincia de Santa Fe, una cifra que enciende todas las alarmas en la región.

Gabriela Sosa, presidenta de Mumalá, expresó su profunda preocupación ante la falta de políticas públicas efectivas y el desmantelamiento de áreas clave. «Lamentablemente tenemos que decir que los números no cesan. Más allá de las declaraciones del presidente de decir que pulverizó la violencia machista, en realidad estamos por encima del número que teníamos el año pasado en el mismo periodo», señaló Sosa en diálogo con Conclusión.

Según el desglose de los datos, hasta el 30 de julio se contabilizaron 153 víctimas, a las que se sumaron siete más en los primeros días de agosto en distintas provincias. En el territorio santafesino, la situación es particularmente crítica: hay 10 femicidios más que en el mismo periodo del año pasado.

Uno de los puntos más alarmantes que destaca el informe es la ineficacia de las herramientas actuales de resguardo. Sosa citó casos recientes que conmocionaron a la zona, como el de Débora, una mujer que ejercía la prostitución en Rosario, y el femicidio en la localidad de Piamonte, donde una trabajadora escolar fue arrollada por su expareja.

Este último caso es paradigmático de las falencias del sistema: la víctima contaba con una medida de protección vigente. «Se van sumando estas preocupaciones que no son solo números. ¿Qué pasa después de que tengo la restricción o el botón de alarma? Hemos tomado nota de femicidios aún teniendo medidas de protección, lo que implica no solo pedir más recursos, sino revisar cómo se administran», cuestionó la referente de Mumalá.

Desmantelamiento y falta de presupuesto

La desaparición del Ministerio de las Mujeres a nivel nacional ha dejado un vacío que las organizaciones sociales intentan visibilizar. Sosa subrayó la contradicción en la gestión de seguridad: mientras se celebra la baja de homicidios generales gracias a la inversión en fuerzas nacionales y fiscalías, no se aplica la misma lógica para la violencia de género.

«¿Por qué para este tipo de homicidios por razones de género no probamos con tener una igual atención presupuestaria?», se preguntó la activista. Para Mumalá, la clave reside en un abordaje comunitario fortalecido que hoy se encuentra debilitado por el recorte de subsidios en talleres, centros barriales y espacios de contención que servían como red de alerta temprana para las mujeres que se sienten solas.

Ante el retiro del Estado nacional en la materia, Mumalá apunta a la responsabilidad de los gobiernos locales. Sosa fue contundente al señalar que «la policía no te cree» o que se minimizan las denuncias en los barrios, una dinámica que se repite en muchos de los casos fatales.

«Yo no creo que Milei vaya a revertir su mirada. Por lo tanto, acá le cabe una responsabilidad a la provincia, a las ciudades y a las comunas de hacerse cargo», concluyó Sosa, exigiendo que el Estado se siente en una mesa de articulación real para proteger a las víctimas una vez que regresan a sus casas tras denunciar.