El extitular de la Unidad Especial de Seguimiento de la Investigación del atentado contra la AMIA, Alejandro Rúa, pidió este lunes el juicio político para la remoción del titular de la fiscalía dedicada exclusivamente a esclarecer el atentado contra la mutual judía, Sebastián Lorenzo Basso. Asimismo, el letrado solicitó la renuncia del procurador interino, Eduardo Casal. Ambas acciones se concretaron luego de las audiencias realizadas la semana pasada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por la investigación fallida del atentado del 18 de julio de 1994.
En 1999, Memoria Activa había hecho una denuncia contra el Estado argentino por no haber prevenido ni investigado el ataque. En 2005, se llegó a un acuerdo de solución amistosa con el gobierno de Néstor Kirchner. Sin embargo, ante la impunidad y la falta de verdad, Memoria Activa pidió que la Cidh condene al Estado argentino.
Entre el jueves y viernes de la semana pasada, se realizaron las audiencias y la representación estatal –encabezada por la actual titular de la UEI-AMIA, Natalia D’Alessandro– reconoció que Argentina es responsable por todas las manifestaciones de impunidad de la causa AMIA. La funcionaria apuntó a la fiscalía ante la Cámara Federal de Casación Penal –a cargo de Raúl Pleé– por no haber sostenido los recursos contra la absolución parcial de los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia –por quienes también el gobierno de Mauricio Macri protagonizó un escándalo al no quererlos acusar en el juicio por el encubrimiento del atentado que se llevó adelante entre 2015 y 2019.
Sobre el final las audiencias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos proclamó que «resulta urgente que el Estado revise la integración de la UFI AMIA a fin de garantizar que cuente con los recursos técnicos y humanos que al tiempo de ofrecer confianza a las víctimas, logre subsanar las irregularidades y darle un impulso auténtico a la investigación».
En ese marco, este lunes por la mañana Alejandro Rua presentó un escrito dirigido al procurador Casal, en el que reclama que este último renuncie a su cargo por ser responsable de la designación y mantener en el cargo, pese a las denuncias de las víctimas al fiscal Basso. Según Rúa, hay gravedad institucional en la conducta de Casal. Asimismo, requirió el juicio político para el fiscal.
En ese contexto, Rúa recordó la «expresa instancia del presidente de esa Corte Internacional (Ricardo Pérez Manrique) al Estado argentino para que ´no espere a la sentencia de la Corte para empezar a generar hechos concretos´».
El letrado le señaló a Casal que fue él quien designó al fiscal Basso como titular de la Unidad Fiscal y «su perjudicial mantenimiento en ese cargo aún frente a las permanentes reclamaciones de las víctimas y la gravedad institucional de su conducta». Por ello, formuló un petitorio de tres puntos en el que le reclamó a Casal que «renuncie a mantenerse interinamente en el cargo de Procurador General de la Nación, como su único y último aporte al proceso de verdad, justicia y reparación que se impone en el caso».
Durante las audiencias, las dos referentes de Memoria Activa, Diana Wassner y Adriana Reisfeld, habían dicho que no tenían contacto con los fiscales que están a cargo de la UFI-AMIA, que no les conocen las caras porque no las convocaron más a la oficina para informarles cómo avanza –o no avanza– la investigación. Reisfeld se refirió a la UFI-AMIA como una “fiscalía fantasma».
En febrero de 2020, Memoria Activa le había pedido a Casal la remoción de Basso porque es sobrino de la excamarista Luisa Riva Aramayo. La “Piru” Aramayo visitaba a Carlos Telleldín mientras estaba preso y fue parte del armado que incluyó un pago de 400.000 dólares –hecho con fondos reservados de la entonces SIDE– al reducidor de autos para implicar a un grupo de policías bonaerenses en el atentado.
La agrupación también había remarcado que su designación se decidió sin consultas previas a diferencia de lo que había sucedido con el grupo de fiscales que se hicieron cargo de la UFI-AMIA durante la gestión de Alejandra Gils Carbó y tras la muerte de Alberto Nisman. En esa época, la UFI-AMIA logró –después de 22 años– identificar a la víctima 85 del atentado.
El presidente de la Corte-IDH, Ricardo Pérez Manrique, le pidió al Estado argentino que no espere a la condena –que podría conocerse en un plazo de tres meses aproximadamente– para empezar a generar hechos concretos. Designar a un procurador titular es una de las deudas del gobierno de Alberto Fernández ya que el Frente de Todos no cuenta con los dos tercios del Senado necesarios para su nombramiento. Sin embargo, el gobierno podría, según remarcó Pérez Manrique, dar gestos para centralizar toda la información producida a raíz del atentado y convocar a una mesa de trabajo sobre los archivos de inteligencia. Esa convocatoria debería estar a cargo de la Jefatura de Gabinete y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
