La audiencia pública por el aumento de la tarifa de luz para el próximo año se realizó esta mañana con un magro grupo de oradores. La Empresa Provincial de la Energía solicitó un incremento promedio del 27 por ciento para ser aplicado desde los primeros meses del 2019. Los argumentos de la EPE para dicho pedido se basaron en la necesidad de financiar los costos operativos del organismo y no descartan otras subas debido a las variaciones de precio en el mercado energético mayorista.

La secretaria de Energía Verónica Gesse presidió la audiencia ya que su repartición será la que deba autorizar el incremento solicitado. Las instalaciones del CEMAFE fueron las elegidas para realizar el encuentro, lugar que quedó grande para los pocos asistentes entre los que se encontraban cuatro oradores y funcionarios de la empresa y la provincia. Dijeron presente el defensor del Pueblo, Raúl Lamberto; un representante de la Asociación de Distribuidores de Energía, otro de las Federaciones Nacional y Provincial de Cooperativas Eléctricas; de la Cooperativa de Cañada de Gómez, y de la Federación Santafesina de Cooperativas Eléctricas de Obras y Servicios.

El presidente del directorio de la EPE, Maximiliano Neri, fue el primero en tomar la palabra y defendió el incremento a partir del impacto inflacionario que se registró en el costo de los insumos, y que redundó en algunos casos, en aumentos de más del ciento por ciento.

En ese sentido dijo: “Necesitamos mantener la ecuación económica de la empresa, para garantizar el sostenimiento del servicio en toda la provincia”, planteó. Ratificó la política provincial de garantizar una tarifa social, y la decisión de absorber temporariamente el impacto que provocará la quita de los subsidios nacionales en esa materia.

Luego, el gerente general de la empresa, Marcelo Cassín, fue responsable de describir pormenorizadamente el cuadro de situación actual de las finanzas de la empresa, y las razones que motivan el pedido de incremento.

Aclaró que el último solicitado había sido del 12,9% en febrero “por lo que estuvimos prácticamente todo el año sin nuevos incrementos”. Cassín ensayó una suerte de rendición de cuentas frente a la Secretaria de Energía para demostrar que la empresa se había hecho eco de las exigencias o planteos de la repartición, en ocasión de autorizar el último aumento. Así, habló del desdoblamiento de la factura en el corriente año, de la gratuidad del servicio para los pacientes electrodependientes, y de la reducción de pérdidas, entre otros puntos.

El funcionario aportó, además, datos sobre la composición de usuarios de la provincia; dijo que el 80% son residenciales, pero que los “grandes clientes” representan el 50 por ciento de la demanda. Trazó un comparativo con las empresas Edenor y Edesur desde diferentes tópicos, que fueron desde la cantidad de agentes existentes por usuario, pasando por la potencia de cada empresa, las pérdidas y la distribución geográfica de los usuarios. Y reveló los niveles de morosidad de sus clientes: 6,16% en 2017; 8,03% en lo que va de 2018.

Otro tema que trató Cassín fue la estructura de costos, que posee la empresa. El funcionario detalló que el 52% de las erogaciones se destinan al pago de la energía que se compra en el mercado mayorista; en tanto; el 20% corresponde a gastos de personal. Y enumeró varios ejemplos de insumos que tuvieron aumentos significativos durante el último año: transformadores de distribución un 117%, transformadores rurales un 145%, preensamblados un 141%, cables de cobre un 185%, aisladores un 94%; y medidores, un 120%.

Cassín también estableció un paralelo entre las tarifas de la EPE y las empresas de Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Capital Federal. Según sus números, Santa Fe se encuentra para los usuarios residenciales “por debajo” de Córdoba y Entre Ríos, y “por encima” (entre 13 y 14%) de Edenor y Edesur. “Ello obedece a la concentración de la demanda”.

También se hicieron escuchar otras voces que defendieron el aumento. La Federación de Cooperativas Energéticas de la provincia, Federico Ferrero consideró que el aumento de la EPE “es lógico y razonable” si se tienen en cuenta los aumentos en los costos para la distribución de la energía. “Pero estamos profundamente preocupados por la capacidad de pago de los usuarios; los residenciales, los comerciales y los industriales. La quita de subsidios nacionales produce un impacto terrible, y cada incremento viene a agravar más aún la situación”, planteó.

En tanto, el defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, dijo que el aumento de tarifas no debe ser superior a lo que se establezca como incremento salarial en las paritarias. También, sugirió que se amplíe la banda de consumo más pequeño que actualmente es de 150 KW para que se eleve a 450; y que se estudie una suerte de tarifa social para las pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, Liliana López, de la Multisectorial de Santa Fe contra los tarifazos, expresó que el vecino “ya no tiene capacidad de pago” para afrontar nuevos aumentos, y lamentó la falta de participación. “Hubo muy poca difusión”, opinó.