El artículo 37 el proyecto de ley de responsabilidad penal de personas jurídicas fue el detonante para que el pedido de desafuero del diputado y ex ministro de Planificación, Julio De Vido, se colara este mediodía en la sesión en la Cámara baja.
En relación a este tema, la diputada nacional, Elisa Carrió, disparó munición gruesa contra la oposición a la cual acusó de “no querer recuperar lo robado”. “No saben cómo salir del lío en el que se metieron. El artículo 37 da todas las garantías para avanzar pero ellos no quieren”, indicó la legisladora.
“Tienen miedo que les salga plata robada. A los jueces federales no les tienen miedo porque saben que salen”, agregó Carrió, al tiempo que anticipó que “después de las elecciones Macri demandará a Cristina por asociación ilícita. Esto se hace con un juez federal de Estados Unidos y te dan todas las cuentas”, profundizó.
Consultada por Conclusión sobre las declaraciones del diputado Rodolfo Tailhade, quien manifestó que la iniciativa impulsada por el oficialismo atenúa penas, Carrió evitó la respuesta y expresó: “No lo conozco, soy vieja en la cámara y no retengo los nombres nuevos”.
En relación al pedido de indagatoria y detención contra el ex ministro De Vido en la causa por el supuesto desvío de fondos millonarios de la mina de Río Turbio, la primera precandidata a diputada por Capital Federal de Vamos Juntos respondió: “Estoy feliz. Milani está preso como no va a estar preso De Vido. Me lo prometió Dios hace 20 años y va a cumplir”.
“Hay que esperar que el Juez Rodríguez pida la detención a la Cámara y sino se puede pedir la exclusión por inhabilidad moral sobreviniente que ya lo pedimos por el tema de once”, sentenció Carrió.
La propuesta oficial de penalización a las empresas que participan de actos de corrupción solicitada por la Ocde, e impulsada por el Poder Ejecutivo a instancias de un proyecto elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA), apunta a dar a la Justicia nuevas herramientas para sancionar la corrupción empresaria contra la Administración Pública.
Además, contempla gravar con fuertes multas, que llegan incluso a quitarle a la persona jurídica involucrada la posibilidad de seguir operando en el país.
El artículo de la ley más polémico es el 37, que crea la figura legal del “colaborador eficaz” fuertemente cuestionada por la oposición que rechaza que no se le apliquen sanciones penales por aporte de datos que puedan esclarecer hechos de corrupción y precisa que las empresas jurídicas podrían solicitar el acogimiento voluntario a ese acuerdo “por hechos anteriores a la sanción de la ley”. En estos supuestos, intervendría únicamente la Procuración del Tesoro de la Nación, con aval de la Sindicatura General de la Nación.
En este marco, el Frente Renovador pidió incluir en el proyecto que el aumento de las penas sea impresciptible y la extinción de dominio sobre los bienes provenientes del delito que cometió la empresa. Además, reclamó sanciones más duras para las personas jurídicas, al advertir que “ir a fondo significa que los empresarios y funcionarios tengan un poquito de temor con esta ley”.
Por su lado, el FpV-PJ definió la iniciativa como un “manual” para las compañías que quieran “sortear la aplicación de una sanción penal”, siempre “que hagan un acuerdo de colaboración eficaz o incorporen en su estructura un programa de integridad” y también la calificó como “un salvoconducto para Odebrecht”.
El bloque Justicialista advirtió que “el sistema de penas impuesto en la ley es amplio y arbitrario”, porque “un juez puede determinar una multa que va del 0,5% al 20% de los ingresos brutos anuales de la empresa”, y además se cuestiono que “la misma ley tiene atenuantes y agravantes sin ningún tipo de lógica propia del derecho penal”, con un pedido, sin éxito, para que el proyecto a comisiones.
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