Un grupo de dirigentes y especialistas de distintos ámbitos se presentaron este martes como amicus curiae «en defensa del orden público» ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para «colaborar» en la causa Vicentin y «evitar que se sigan cometiendo delitos».

El escrito está firmado por el ingeniero agrónomo y experto en desarrollo rural José Catalano; el abogado y senador por la provincia de Buenos Aires «Paco» Durañona; el dirigente rural Pedro Peretti; el economista Horacio Rovelli; y el abogado y politólogo Carlos Vilas. Todos bajo el patrocinio del letrado Carlos Pieretti.

Cabe recordar que el amicus curiae es la vía por la que un tercero aporta su conocimiento al juez, colaborando en su labor de impartir justicia.

En ese marco, el mencionado grupo planteó en su presentación que «la Corte de Santa Fe tiene la obligación de intervenir en la causa, basado en la Ley de Organización Judicial de la Provincia, el Código Civil y Comercial de la Nación (que impone al juez obrar razonadamente previniendo el daño) y en el derecho comparado de Estados Unidos, donde las Cortes deben avocarse de inmediato al expediente cuando aparecen en el juicio concursal cuestiones que afectan al orden público».

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Las personas que hicieron la presentación sostienen que en el concurso de Vicentin tramitado en Reconquista «hay un juez (Fabián Lorenzini) que desde hace más de dos años viene violando sistemáticamente todas las normas del derecho concursal y civil» a la vez que «va ignorando los delitos que van apareciendo en el expediente».

Tal situación -indicaron- obliga a la Corte a suspender este proceso, «en defensa de las instituciones e impidiendo que se sigan cometiendo ilícitos. Evitando así un daño irreparable intergeneracional».

Los expertos señalaron en el escrito alrededor de 34 hechos puntuales donde -entienden- el juez quebrantó la ley. Así, sostienen, convirtió el concurso preventivo en un paraguas protector para Glencore, una transnacional británico-suiza con sede en el paraíso fiscal de Jersey.

Según expusieron, Glencore está condenada en EEUU por tener una red internacional de sobornos, al tiempo que es investigada por lavado de activos, evasión, depredación ambiental y explotación laboral.

«Hoy Glencore ese está apropiando gratuitamente de los únicos activos rentables de Vicentin. Principalmente de Renova, la mayor extrusora de granos del mundo», advirtieron los expertos.

En la presentación ante la Corte, este grupo además detalla cómo, «usándose distintas sociedades anónimas de papel, se simulan operaciones de compra venta que en realidad son efectuadas por la misma persona ubicada en ambos lados del mostrador».

La problemática de fondo, tal exponen, no afecta solo a una empresa ni a sus 1.500 acreedores y 2.500 trabajadores, sino que lesiona a todo el complejo agro-exportador argentino, aquel que aporta la mitad de todos los dólares que ingresan al país.

«Además esto ocurre en una época de inflación mundial, especialmente en alimentos», resaltaron los especialistas, y acentuaron: «Tenemos la convicción de que la Corte impartirá Justicia».