En ese marco, los legisladores ratificaron los tres objetivos que impulsan las acciones del equipo de trabajo: defender los puestos de trabajo; evitar que la empresa termine en manos extranjeras; y saber dónde están los más de 1.500 millones de dólares que faltan y se adeudan al Banco Nación y el resto de los acreedores.
A los responsables de la firma se los acusa de haber presentado facturas apócrifas entre 2016 y 2018, que generaron un perjuicio al Estado de al menos 140 millones de pesos en la recaudación del IVA.
La jornada se desarrollará de manera presencial el próximo miércoles a las 9.30 en el recinto de la Cámara baja santafesina.
La presentación fue realizada por el abogado Gustavo Feldman, que patrocina al Grupo Grassi, y considera que el juez civil y comercial de Reconquista Fabián Lorenzini debe ser apartado por "ausencia de imparcialidad" e "ignorancia manifiesta del derecho".
La exsenadora nacional por Santa Fe y actual directora del Bice argumentó que "el vaciamiento se viene produciendo desde antes de 2019" a raíz de "un modelo que permitió la evasión".
Según expusieron los especialistas de diferentes espacios que hicieron la presentación, la misma tiene por objetivo impedir "un daño irreparable intergeneracional".
El economista resaltó además la importancia de esclarecer ante la opinión pública un camino que le ponga "límite a la impunidad con que suelen actuar estos grupos empresarios".
La firma agrofinanciera, en quiebra hace meses, gana tiempo en miras de alcanzar un dilatado acuerdo con sus acreedores, variados y de abultado calibre.
El trabajo reúne todos los informes elaborados por la Comisión de Seguimiento de Vicentin y toda la documentación recolectada durante un año y medio.
Los legisladores provinciales también informaron cuál será el cronograma de actividades para este comienzo de año: pedirán reuniones con el gobernador Omar Perotti, el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y el juez Fabián Lorenzini.
El integrante del directorio del Banco Nación sostuvo que se necesita "una intervención de carácter político" para evitar que la empresa quiebre y consolide "la estafa" que se ha detectado.
"El Estado Nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo", aseguró el miembro del gabinete de Alberto Fernández.