La Cámara de Diputados reunirá este miércoles al plenario de comisiones que deberá emitir dictamen sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, cuyo tratamiento está previsto para el jueves, en una sesión especial que marcará el regreso de la presencialidad.
Las comisiones de Legislación General, de Salud Pública, de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad se reunirán a las 16:30 en el recinto de la Cámara baja y firmarán los dictámenes sobre el proyecto, para el cual se estima que habrá mayoría a favor en el plenario.
La reunión permitirá medir la temperatura del debate que se desarrollará al día siguiente y cuya extensión todavía no está clara: se habla de unas 30 horas de exposiciones pero al mismo tiempo se buscan alternativas para acotarlo, en atención a lo que fue el tratamiento de 2018.
Los términos y condiciones de la sesión son objeto de discusiones por estas horas y terminarán de definirse este jueves a las 19, en una reunión de Labor Parlamentaria a la que asistirán las autoridades de todos los bloques.
Con la firma del dictamen la iniciativa enviada por el Gobierno quedaría lista para ser debatida y votada en la sesión especial del próximo jueves y que marcará el regreso de la presencialidad tras nueve meses de una modalidad mixta, a raíz de la pandemia.
Se prevé que concurra a la sesión una mayoría de diputados y que solo participen de forma remota aquellos que integran los grupos de riesgo.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantiene conversaciones con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el vicejefe de Gobierno porteño a cargo de la misma cartera, Diego Santilli, en torno al operativo que se desplegará frente a las movilizaciones que se esperan en el Congreso para el jueves.
El debate en las comisiones inicio el 1 de diciembre pasado, con la participación de ministros del Poder Ejecutivo y expositores a favor y en contra de la legalización del aborto, en un trámite al que se le imprimió mayor velocidad que en 2018, cuando se trató por primera vez.
Claves
El proyecto establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tendrán derecho a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto, y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.
La práctica se permitirá hasta la semana catorce inclusive, del proceso gestacional y fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.
En caso de menores de 13 años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal y en los casos de adolescentes de entre 13 y 16 se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento.
El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia y para ello deberá mantener su decisión en todos los ámbitos (público y/o privado) en que ejerza su profesión y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional, sin dilaciones.
El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.
Las obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, que quedará incluida en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total.
